ntensa polémica ha suscitado entre el gremio periodístico lo que en apariencia es un equívoco al redactar la iniciativa que presentó el Ejecutivo al Congreso local en diciembre pasado para crear la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, pues plantea la desaparición del Fondo de Apoyo a Periodistas (FAP).

Ya la Secretaría General de Gobierno, en un comunicado, y el gobernador Héctor Astudillo Flores en persona aclararon que no hay tal intención, pues, en palabras del mandatario, el FAP está para fortalecerlo, no para desaparecerlo.

No obstante que la mayoría de los comunicadores locales considera ese instrumento, creado por el gobierno de José Francisco Ruiz Massieu, una especie de conquista del gremio y no una graciosa concesión de las autoridades, nunca estará de más toda precaución al aprovecharlo, a fin de marcar una sana distancia respecto del poder en general.

El FAP, operado por la Secretaría de Desarrollo Social del estado, podría ser un arma de dos filos, pues por un lado cubre un vacío en la seguridad social de quienes se dedican al periodismo en el estado (vacío que no han querido o no han podido llenar varios medios de comunicación locales), pero por otro lado podría ser usado como instrumento de control de los comunicadores.

Aparte está la existencia de un buen número de denuncias de informadores, individuales y colectivas, contra supuestos representantes del gremio que durante años se han enquistado en la estructura del organismo y lo han usufructuado en beneficio personal, de grupo o de sus familias. Esta irregularidad incluye, por supuesto, a personas que no ejercen el oficio del periodismo según las normas, y que están inscritas en el organismo a resultas de manejos y acuerdos poco claros.

Ojalá el debate suscitado entre los integrantes del gremio incluya el tema de la ética que debe normar las relaciones entre gobierno y ellos, primando la independencia informativa de éstos y el respeto irrestricto a la legalidad de ese instrumento, para que no pase ninguna tentación de usarlo para someter la libertad de expresión.