a neblina baja de la sierra y el olor del café despide la madrugada. Las mujeres se congregan en la cocina comunitaria. Las patronas ya se aprestan para la jornada; unas cuecen el arroz y los frijoles, otras embolsan las raciones y todas al unísono se alistan para su encuentro con La Bestia. Así le llaman por estos lares al tren de carga que recorre la nación de un extremo a otro y cuyos pasajeros obligan a evocar que al sur de los ríos Bravo y Colorado se asienta la pobreza sin distinción de nacionalidades. No obstante, algunos arriesgan la vida con tal de alcanzar la frontera norte que simboliza el modo de vida estadunidense.

Entrada la mañana se escucha el silbato del coloso; ya viene, grita una patrona. Otras se suben a las camionetas para interceptar a La Bestia que aminora su velocidad. Ellas se acercan a la vía tanto como pueden y comienza la razón de todo: reparten raciones de comida. Un oasis en medio del desierto reportan los testimonios de las personas migrantes. Sus rostros expresan incredulidad, el cansancio agobia, el frío cala el alma, el calor dificulta todavía más su recorrido. Han pasado la zona de seguridad fronteriza y a medida que avanzan hacia el norte se desvanece la idea de regresar. Se aferran a su esperanza. Para los migrantes la odisea representa la primera salida de sus pueblos, otros reinciden tras haber sido deportados por la migra. Atrás todo dejan: historias, amores, promesas, porque allá no hay nada, comentan, sólo hambre y falta de empleo.

Imagine el lector que las personas migrantes suben a La Bestia con la ilusión de romper el círculo de la miseria, pero las tribulaciones apenas comienzan y el viaje frecuentemente tiene un final anticlimático. Violaciones a sus derechos humanos, caídas desde los contenedores de carga que acaban con lesiones irreversibles y el riesgo siempre latente de encontrar la muerte. Acá no hay maras, acá hay zetas, exponen. Es el viacrucis de la violencia sistémica, pero las patronas, que deben su nombre a la comunidad de Guadalupe (La Patrona) en Amatlán de los Reyes, Veracruz, han realizado esta labor humanitaria por 22 años, quizá, la más importante en el país, que representa una lucha contra la migración criminalizada y el racismo a ultranza. El reconocimiento internacional supera al de casa.

La situación de quienes transitan por México, de por sí mala, no tiene visos de mejora a corto plazo. Retenes policiacos y militares a lo largo de la vía sirven como puntos de extorsión y el poco dinero que traen consigo termina en la dádiva para evitar la deportación. Más al norte, las células del cártel del Golfo y los zetas los obligan a esclavizarse. Algunos jamás llegan a la frontera y tampoco regresan a sus países, su voz se ahoga en el anonimato, en la desaparición forzada.

Esta es la historia que a lo largo de los años recientes hemos documentado y sin duda es un principio que debe respaldarse con la aplicación de la ley, el compromiso moral y las razones públicas apremiantes para defender los derechos de los que migran. Tanto, como la defensa que hacemos de nuestros connacionales en Estados Unidos. Ignorarlo conlleva una doble moral.

La protección constitucional debe, por definición, proteger a cualquier persona que se encuentre en suelo mexicano sin importar nacionalidad, origen étnico o cultural. ¿Qué hacer entonces para proteger las misiones humanitarias? Una respuesta es el apoyo y protección de dichas organizaciones para favorecer su trabajo. La otra es garantizar la integridad de connacionales y extranjeros que viajan por motivos migratorios hacia el vecino país del norte. Finalmente, la política migratoria en la frontera sur debe refundarse sobre las premisas sustantivas de los derechos humanos y el flujo ordenado de migrantes. No es objetable, ni jurídica ni moralmente hablando, argumentar que para evitar más tragedias debe haber mayor seguridad y control en las fronteras, pero antes de perseguir y socavar a los migrantes, se les debe persuadir para no abandonar o retornar a sus comunidades con la certeza de encontrar en sus lugares de origen el sueño que buscan más allá de las fronteras.

Existen diversos puntos de vista sobre las acciones migratorias a desarrollar en la frontera sur. La diplomacia entre las dos naciones depende de un futuro común. La identidad, geografía y similitudes de nuestros problemas debe llevar a repensar el tránsito ordenado de personas porque resulta más costoso para nuestras sociedades la corrupción y violencia que se adiciona al fenómeno de la migración ilegal. El desarrollo de un polo económico transfronterizo es esencial y tenemos el potencial para desarrollarlo.

Para las y los juzgadores federales son temas de la agenda judicial, pues la frontera registra altos índices de delitos asociados al flujo migratorio y a la conculcación de los derechos fundamentales. Los delitos contra la salud, la trata de personas y el secuestro empeoran la vulnerabilidad de las minorías que la transitan.

Las personas que migran no deben ser desplazadas por la violencia. La huida de miles de sus comunidades afecta el modelo de seguridad nacional, pero también el derecho a un desarrollo individual digno, con alternativas distintas a la pobreza extrema. La política migratoria debe incluir a toda la región, pero la responsabilidad de este lado de la frontera recae en tutelar los derechos humanos de quienes emigran y proteger las acciones que emprenden las organizaciones humanitarias.

Mientras eso acontece, la Asociación Mexicana de Juzgadoras, AC, que agrupan a más de 170 juezas y magistradas a nivel nacional, atiende el tema mediante la campaña ComparT en favor de las personas migrantes en Baja California, Guerrero, Oaxaca, Tamaulipas y Veracruz. Una luz de esperanza que mitiga el dolor y el miedo provocados por la incertidumbre.

*Magistrada federal y académica universitaria