n declaraciones por separado, el secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Zepeda, y el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, coincidieron en señalar que la corrupción y la impunidad se encuentran en la raíz de los problemas institucionales y sociales del país. El primero habló en un foro sobre el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) realizado en el Centro Militar de Ciencias de la Salud (antigua Escuela Médico-Militar) y el segundo, en el encuentro Diálogos para una capital cívica.

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional señaló que esos vicios han dañado nuestra democracia y nuestra economía, profundizando la desigualdad e incrementando la violencia, deterioran la capacidad de las instituciones, así como la confianza en los gobiernos y los servidores públicos, y consideró que podrían superarse mediante una aplicación precisa y contundente del SNA.

Córdova, por su parte, reconoció que la democracia en el país se encuentra en un bache en el que enfrenta un creciente descontento de la sociedad, pero opinó que los problemas estructurales de México no son causados por las elecciones –particularmente, por las realizadas el pasado 4 de junio– sino por la desigualdad, las políticas públicas erradas, la impunidad y la corrupción, todo lo cual se traduce en un estado de legalidad absolutamente débil, precario y, en muchos sentidos, hasta inexistente.

Con respecto a los señalamientos formulados por el general Cienfuegos, cabe dudar que el SNA pudiera ser una panacea para contrarrestar o, al menos, frenar la descomposición institucional que vive el país, pues no hay ley ni oficina que no puedan ser manipuladas por los encargados de cumplir la primera y los titulares de las segundas.

Como ejemplo de ello basta citar la inutilidad como instrumentos contra la corrupción de los abundantes mecanismos de control y fiscalización anteriores a la adopción del SNA –desde las contralorías internas hasta la Secretaría de la Función Pública y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Si no hay una clara voluntad política del grupo gobernante de parar en seco los desvíos, las irregularidades administrativas, los conflictos de interés, la obtención de recursos ilícitos a expensas del erario y la absoluta y tajante separación entre servicio público y negocios privados, parece difícil que un marco normativo sea capaz de frenar la corrupción y la impunidad en que desemboca la mayor parte de los delitos en general, no sólo los referidos a un ejercicio inescrupuloso del poder público.

En cuanto a lo dicho por Córdova, es cierto que el descontento ciudadano en contra de los procedimientos electorales no se originó en los comicios de principios de este mes, sino en la repetición casi sistemática de mecanismos de distorsión de la voluntad popular, como la compra de votos, las descontroladas inversiones multimillonarias en propaganda lícita e ilícita, las adulteraciones aritméticas en los conteos de los sufragios y la falta de voluntad de las autoridades electorales –empezando por la que ahora preside el propio declarante– para sancionar de manera efectiva a los infractores, asegurar la realización de comicios en condiciones equitativas y comportarse con imparcialidad a la hora de los recuentos y las calificaciones.

En este sentido, las elecciones del pasado 4 de junio en Coahuila, el estado de México, Nayarit y Veracruz sólo evidenciaron un descontento y un escepticismo que se vienen arrastrando de décadas atrás porque, entre otras razones, el desempeño de las instituciones electorales volvió a quedar muy por debajo de las expectativas ciudadanas y de los criterios internacionales de normalidad democrática.