La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) demandó castigar y suspender a las autoridades que, con base en criterios machistas y negligentes, no actuaron a tiempo para evitar las tragedias relacionadas con el feminicidio de la niña Valeria en Nezahualcóyotl, estado de México; y el caso de Mireya, quien se vio orillada a matar a sus tres hijos y después suicidarse.

Ayer, Redim realizó un acto simbólico en 13 ciudades del país, donde subrayó que la violencia machista que se ejerce desde las instituciones y por servidores públicos afecta directamente la dignidad y la integridad, e incluso revictimiza a niñas, niños, adolescentes y mujeres que buscan ejercer su derecho de acceso a la justicia en todo el país.

Juan Martín Pérez García, director ejecutivo del organismo, indicó que la actuación de los funcionarios públicos responsables de brindar acceso a la justicia demostró en estas dos tragedias mirada adultocéntrica y su incapacidad para reconocer su obligación de garantizar el interés superior de la niñez y el derecho de prioridad, de acuerdo con lo establecido en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y en normas internacionales.

En el caso de Mireya, sus hijos (dos gemelas y un niño de 10 años) y los padres de ella, el sistema judicial uso el concepto de síndrome de alienación parental (SAP) que es contrario a los derechos de la infancia, porque invalida la voz de los menores al no ser considerada su opinión. Este síndrome es un artilugio jurídico que se ha usado y tiene tres elementos: inhibe a los niños en su equivalencia humana y jurídica al considerarlos inferiores e incapaces, y considerar en consecuencia que son manipulables; segundo, no sólo no reconoce su voz en procesos judiciales, sino que los reduce a meros testigos manipulables por cualquiera de las partes,; y tres, revictimiza, en este caso, a las familias, cuando la autoridad se coloca de lado de una de las dos partes de la pareja.

En el feminicio de Valeria, de 11 años, el activista enfatizó que las autoridades del estado de México –entidad a la que definió como el reino de la impunidad y el feminicidio, pues 25 por ciento de los asesinatos en el país ocurren en esa entidad– no activaron los protocolos de alerta de género y se limitaron a responder a los familiares: se fue con el novio, y se les dijo que había que esperar de 48 a 72 horas para declararla desaparecida. Ese argumento ha costado la vida de muchas adolescentes en este páís; hay que recordar que 30 por ciernto de personas desaparecidas entre 2006 y 2014 son menores de edad, y de ese total, 50 por ciento son mujeres adolescentes.