El representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, llamó al gobierno de nuestro país a aceptar la competencia del Comité de Desaparición Forzada de la ONU para conocer sobre denuncias individuales.

Además, pidió al Poder Judicial que deje de lado la posición ‘‘un tanto cómoda de que no tiene mucho qué hacer’’ en los casos de desaparición forzada, ya que –dijo– las instancias judiciales están llamadas a jugar un papel central para atender esta problemática.

Por su parte, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) José Ramón Cossío Díaz señaló que a pesar de que el tema de las desapariciones forzadas ‘‘está lastimando mucho al país’’, es necesario ‘‘visibilizar el asunto’’, porque aún no contamos con un entramado jurídico poderoso para enfrentar esta problemática.

Cossío hizo también un llamado al Congreso a aprobar la ley sobre desaparición forzada, ‘‘que tanta falta nos hace’’. El ministro participó ayer, junto con Jarab, en la inauguración del foro Contribuciones del Poder Judicial en el combate a la desaparición forzada, realizado en la sede del máximo tribunal, taller en el que se analizarán las primeras sentencias judiciales que se han emitido sobre este tema.

Jarab señaló que el Poder Judicial tiene la responsabilidad de asumir compromisos para combatir la impunidad que ha prevalecido en estos casos. Primero, los poderes judiciales están llamados a participar activamente en la prevención primaria de desapariciones con ‘‘la supervisión estricta’’ de las garantías procesales cuando tengan conocimiento de este tipo de asuntos.

Segundo: ‘‘Si reciben un amparo sobre personas privadas de su libertad, pueden ordenar diligencias, acciones de búsqueda’’.

Tercero: Garantizar en los juicios la reparación integral a las víctimas, dictando las medidas de satisfacción a que tienen derecho, como son la compensación, restitución y no repetición del acto reclamado.

Cuarto: los poderes judiciales deben jugar un papel activo en la supervisión de la actividad ministerial que investiga desaparición forzada, así como transparentar el acceso de las familias al expediente de la causa, ‘‘y erigirse como actores dinámicos que hagan uso de distintas herramientass para garantizar el acceso a la justicia’’.