Integrantes del gabinete de seguridad advirtieron ‘‘riesgos graves’’ debido a la situación de corporaciones policiales de estados y municipios, cuyo personal no aprobó exámenes de control de confianza. Esto, dijeron, ha impedido la reducción de la incidencia delictiva y el combate a la corrupción y la impunidad.

Otro elemento negativo son las alternativas de obtención de libertad para los portadores de armas de alto poder, frecuentemente acusados de ser presuntos responsables de delitos de alto impacto.

Los juzgadores avalan que tener un arma reservada para el uso de las fuerzas armadas no amerita prisión preventiva oficiosa. ‘‘Con ello, los asesinos e integrantes de bandas del crimen organizado vuelven a casa y a los lugares en los que tienen sus cotos de poder’’, dijeron los funcionarios consultados por este diario, un día después de realizar una evaluación en materia de seguridad regional.

Como se informó ayer, Sinaloa es la entidad que registra el mayor índice de personal del área no aprobado: 57 por ciento de quienes son susceptibles de evaluar adscritos a la procuraduría estatal; en esta misma situación desfavorable resultó 54 por ciento de los policías municipales; 52 de los empleados de prevención y reinserción social (penales), y 44 por ciento de los miembros de la corporación policial del estado.

En este seguimiento de evaluación, cuyo corte más reciente es del 30 de abril pasado, se muestra un recrudecimiento de la problemática y –en el mejor de los casos– la mayoría de las entidades tiene porcentajes de aprobados y no aprobados similares o idénticos a los de diciembre de 2016.

Datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la Secretaría de Gobernación, indican la existencia de 335 mil 337 elementos de seguridad en activo: 11 mil 930 mandos y 323 mil 407 operativos. De éstos, fue evaluado 99 por ciento. Los resultados, como promedio nacional, revelan la existencia de mil 372 jefes reprobados y 30 mil operativos en esa misma condición; falta por conocerse el resultado de 2 por ciento de los evaluados, mientras uno por ciento no se sometió a pruebas.

La información oficial no detalla ningún procedimiento de depuración y, por tanto, se desconoce cuántos siguen en su empleo pese a no haber acreditado las pruebas de control de confianza; únicamente se indica que 75 por ciento se encuentra en calidad de ‘‘aprobados vigentes’’.