Una definición breve del sistema de pensiones en México: es desigual, insostenible y falto de transparencia.

“Por el diseño de los diferentes esquemas que integran el sistema y las circunstancias de la economía mexicana –bajo crecimiento por ya casi tres décadas– el grueso de los beneficios se concentra en una parte reducida de la población”, expuso el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), organización civil no partidista.

El CIEP presentó este miércoles el estudio Pensiones en México. 100 años de desigualdad. Uno de los ángulos que aborda es de la sostenibilidad financiera de los más de mil sistemas pensionarios que existen en el país y que, cada año, reclaman más recursos públicos que son restados a áreas como la educación o la salud.

La desorganización y la falta de control en el financiamiento y gasto de las pensiones ha derivado en que el gasto por este concepto represente 15.5 de cada 100 pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación en 2017 y 3.5 por ciento del producto interno bruto (PIB), con tendencia a incrementarse en los siguientes años, planteó el CIEP.

Los recursos públicos gastados a pagar pensiones a los trabajadores que comenzaron a cotizar antes julio de 1997, cuando entró en vigor la ley que creó las administradoras de fondos para el retiro (Afore), consumen 97 por ciento del presupuesto público a este rubro, expone el estudio.

La consideración de que el sistema es desigual se basa no sólo en el hecho de que el presupuesto a pensiones es destinado a un universo relativamente pequeño de población, sino también por su distribución regional e individual.

El gasto público que se asigna para cubrir las pensiones es inequitativo significativamente entre instituciones, tipos de pensión y generaciones, argumentó.

Explicó el CIEP: las generaciones pensionadas por el régimen de beneficio definido (antes de la creación de las Afore) pueden recibir, al menos, 40 por ciento de su último salario; en cambio, los de cuentas individuales (que comenzaron a cotizar a la seguridad social a partir del primero de julio de 1997) sólo alcanzan 30 por ciento.

Adicionalmente, 57 de cada 100 pesos de gasto público en pensiones de los trabajadores jubilados por la ley previa a las Afore se asigna a la Ciudad de México, estado de México, Nuevo León, Jalisco y Veracruz, mientras que los 27 estados restantes reciben 43 por ciento.

La mayor diferencia entre lo asignado por pensionado está entre la Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos y la extinta Luz y Fuerza, las cuales reciben, en promedio, 8.8, 6.7 y 11.3 veces más que un pensionado del Instituto Mexicano del Seguro Social, respectivamente.