Por la ausencia de una indagatoria adecuada y exhaustiva, en la que no se siguieron los protocolos de investigación sobre feminicidios y agresión contra defensores de derechos humanos y periodistas, entre otras faltas al debido proceso y respeto a los derechos humanos de las víctimas, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió la recomendación 4/2017 en contra de la Procuraduría General de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México por el homicidio de cinco personas perpetrados en la colonia Narvarte.

Los hechos que dieron origen a esta recomendación ocurrieron el 31 de julio de 2015 en un departamento de esa colonia, donde fueron asesinados Nadia Dominique Vera Pérez, de 32 años de edad, defensora de derechos humanos; Rubén Espinosa Becerril, de 31 años de edad, fotoperiodista; Olivia Alejandra Negrete Avilés, de 40 años, quien se desempeñaba de trabajadora del hogar; Mile Virginia Martín, modelo de 31 años de edad y de nacionalidad colombiana, Yesenia Atziri Quiroz Alfaro, de 18 años de edad, maquillista.

La titular del organismo, Perla Gómez Gallardo, dijo que la CDHDF documentó la filtración a los medios de comunicación de información contenida en la averiguación previa del caso, lo que derivó en la difusión de datos personales, que estereotiparon a las víctimas, y fotografías de los cuerpos maltratados y sin vida, tal como fueron encontradas por las autoridades, lo cual constituye una violación a sus derechos humanos.

Perla Gómez Gallardo, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, dio a conocer ayer la recomendación sobre las pesquisas del multihomicidio en la colonia NarvarteFoto Yazmín Ortega Cortés

Las víctimas fueron expuestas en los medios de comunicación, prejuzgando su culpabilidad, violando su derecho a la privacidad, a la intimidad, a la integridad y a las garantías judiciales; además, se les discriminó con base en estereotipos, juicios de valor y roles de género, lo que viola también su derecho a una vida libre de violencia.

Gómez Gallardo subrayó también que el personal ministerial omitió considerar el contexto y antecedentes de agresiones, hostigamiento y amenazas por el desempeño de sus actividades, que orillaron al desplazamiento interno tanto de Nadia como de Rubén del estado de Veracruz hacia la Ciudad de México.

“A casi dos años de ocurridos los hechos, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México continúa agotando las investigaciones; no obstante, la deficiente conducción de las mismas, la omisión de aplicar los protocolos para cada tipo de delito, la demora prolongada en la investigación, la negligencia e irregularidades en la recolección y realización de pruebas, así como la falta de exhaustividad en el seguimiento de líneas de investigación, constituyen violaciones al derecho al debido proceso y debida diligencia.

Asimismo, la CDHDF acreditó que los familiares de las víctimas fueron revictimizadas y se enfrentaron con un sistema ineficiente que no realizó las investigaciones conforme a los más altos estándares en materia de derechos humanos, ni incorporó la perspectiva de género.