Comités vecinales de la delegación Cuauhtémoc que hace tres años denunciaron la proliferación de restaurantes y bares en casas habitación en el polígono Roma-Condesa tienen identificados que al menos 20 de esos establecimientos sembraron en los archivos de la demarcación certificados de uso de suelo apócrifos con supuestos derechos adquiridos emitidos en el periodo de 1989 a 1993.

Mediante solicitudes de información, los representantes vecinales lograron cotejar la documentación que existe en la delegación y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), en la que descubrieron que difiere sobre el uso de suelo en los distintos predios.

Se trata de negocios a los que se les expidió la licencia para operar en la anterior administración de la delegación Cuauhtémoc, con el aval del director jurídico, Eduardo Lima, entre los cuales se encuentran restaurantes de alta cocina, bares, cafeterías, galerías y hasta foros para conciertos, habilitados, en la mayoría de los casos, en antiguas casonas.

En todos los casos, los certificados de uso de suelo que están en los expedientes de la delegación fueron emitidos supuestamente por la Dirección General de Reordenamiento Urbano y Protección Ecológica del entonces Departamento del Distrito Federal, signados por el arquitecto Roberto Rocha García, y aparecen como establecimientos mercantiles, mientras en los archivos de la Seduvi tienen un uso habitacional.

Los integrantes de los comités detallaron que en el programa delegacional de desarrollo urbano, vigente desde septiembre de 2008, se determinó crear corredores comerciales para negocios de bajo impacto como sastrerías o misceláneas, y de servicios como restaurantes sobre la avenida Álvaro Obregón, Medellín, Monterrey y Cuauhtémoc.

Sin embargo, los negocios que se han abierto de manera irregular se han extendido a calles como Orizaba, Tonalá, Zacatecas, Chihuahua, Colima, Guanajuato, Córdoba, Durango y Coahuila. En la Roma, la mayor presión se ha generado en torno a las plazas Río de Janeiro y la Luis Cabrera, apuntaron.

La relación de estos establecimientos mercantiles, con nombre y ubicación, fue entregada a las autoridades del gobierno central y delegacional por los colonos, quienes desde febrero del año en curso exigieron que se hiciera el cruce de información de ambos archivos.

Demandaron que en caso de que se corrobore las irregularidades en los certificados únicos de zonificación, se realicen los juicios correspondientes, se sancione a los responsables y se revoquen las licencias de funcionamiento.