Designado apenas la semana pasada, el consejo consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) fijó ayer un primer pronunciamiento, tras conocerse el presunto espionaje realizado en contra de periodistas, activistas y defensores de derechos humanos.

El consejo consultivo demandó al gobierno federal emprender una investigación minuciosa, “pública y hasta sus últimas consecuencias, de los presuntos hechos denunciados en la edición del pasado lunes de The New York Times.

Su petición no sólo abarcó al gobierno federal, sino que también demandó que el propio Inai, a partir de las facultades que tiene en materia de protección de datos personales, emprenda las acciones que determinen sus comisionados.

El consejo consultivo considera muy preocupante que se registren este tipo de acciones de espionaje cibernético, según documentó la organización Lab de la Escuela Munk de Asuntos Internacionales de la Universidad de Toronto, en Canadá, lo cual habría ocurrido entre enero de 2015 y julio de 2016.

Al sustentar su postura, los 10 integrantes del consejo subrayaron que la legislación mexicana reconoce el derecho a la protección de datos personales y garantiza la privacidad de las personas.

Incluso, la ley establece claramente la prohibición de obtener datos personales mediante mecanismos engañosos. De probarse cierto, el incidente que aquí referimos tendría implicaciones que, a nuestro juicio, son sumamente alarmantes en tanto se habrían violado derechos humanos, por lo que expresaron su extrañamiento frente a los hechos denunciados.