Casi la mitad de las desapariciones de personas ocurridas en Nuevo León entre 2005 y 2015 fueron perpetradas por agentes estatales, según el informe del Observatorio sobre Desaparición e Impunidad de la Universidad de Oxford, la Universidad de Minnesota y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), sede México.

El reporte, elaborado con datos registrados por Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac), se basa en el análisis de 548 casos de desaparición documentados por esta organización, que se complementan con la revisión de notas de prensa sobre casos de desaparición publicadas en el periódico El Norte entre 2010 y 2016.

El objetivo de la investigación consiste en desmontar, bajo la evidencia existente, una serie de mitos sobre las causantes, las modalidades y las víctimas de desaparición forzada. Esta entrega presenta los datos del caso inicial de Nuevo León y seguirá la revisión de cinco entidades más.

Las principales conclusiones es que 46.76 por ciento de las desapariciones ocurridas en Nuevo León entre 2005 y 2015 fueron realizadas por agentes estatales; 46.04 por ciento por organizaciones criminales, y 7.19 por particulares. Dentro de los casos contabilizados a cargo del Estado, 49.25 por ciento pertenecen al orden municipal, 24.63 por ciento al estatal, y 26.12 por ciento al federal.

El análisis de los casos de desaparición en este informe refuta ese imaginario oficial y social que asegura que a los desaparecidos por algo se los llevaron o que se fueron por su propio pie. El reporte del Observatorio señala que la causa de estas desapariciones no necesariamente está vinculada con la pertenencia a grupos de crimen organizado.

También hay personas que desaparecen sin estar vinculadas al crimen organizado, no siempre se trata de un ajuste de cuentas, advierte el informe.

En todo caso, 91.55 por ciento de los casos se trata de personas no criminales.

De los datos rescatados, se identificó que la casa de la víctima fue el lugar más frecuente en el que acontecieron los actos de desaparición a través de cateos ilegales realizados por las fuerzas de seguridad. Las desapariciones, cuando ocurren en espacio público, son mayormente ejecutadas por agentes estatales, y cuando suceden en espacios privados son mayormente perpetradas por grupos particulares.

El 86.7 por ciento de las víctimas son hombres y 13.3 por ciento mujeres. Los casos que arrojaron información disponible sobre la edad muestra que la mayor parte son personas jóvenes, de entre 18 y 33 años. En el grupo de hombres se encontró que la mayoría se dedicaban al comercio establecido y legal o eran choferes de transporte y maquinaria; mientras la mayoría de las mujeres se dedicaba al trabajo doméstico.