Caracas.

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela aprobó este martes la apertura de un proceso para enjuiciar por supuestas faltas graves en el ejercicio de su cargo a la fiscal general Luisa Ortega, quien recientemente mostró posiciones opuestas al gobierno. Horas antes, el presidente Nicolás Maduro anunció la renovación de la cúpula de la fuerza armada, y ratificó al general Vladimir Padrino como ministro de Defensa, aunque remplazó a los comandantes de los cinco componentes militares, en medio de la tensión política por las protestas opositoras que se han extendido por casi tres meses.

La solicitud de enjuiciamiento de Ortega, quien hasta hace unos meses era identificada como cercana al gobierno, se presentó el jueves pasado por el diputado oficialista Pedro Carreño, con el argumento de que la jefa del Ministerio Público mintió al asegurar que no había respaldado la selección de 33 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que fueron designados en diciembre de 2015 por la entonces mayoría parlamentaria chavista.

Ella mintió al país. Serán consideradas como faltas graves del fiscal atentar, amenazar o lesionar la ética pública o la moral administrativa, dijo Carreño, quien también pidió a la corte la congelación de los activos de Ortega y la prohibición de salida del país.

Ahora, la sala plena convocará a una audiencia pública a la fiscal, a Carreño, al defensor del pueblo, Tarek William Saab, y al contralor general, Manuel Galindo, para que expongan sus alegatos.

De acuerdo con la ley, el TSJ puede declarar en la sala plena si existe o no mérito para enjuiciar a altos funcionarios, como es el caso de la fiscal. El proceso puede llevar a la remoción, que en el caso de Ortega corresponde a la Asamblea Nacional, de mayoría opositora.

De inmediato, el Congreso respaldó a la fiscal en su enfrentamiento con Maduro y el máximo tribunal de justicia. El TSJ puede decidir lo que quiera, pero la única forma de destituir a la fiscal es si lo autoriza la Asamblea, y no lo haremos, expresó en un tuit Freddy Guevara, vicepresidente del Congreso.

Sin embargo, la Asamblea Nacional está declarada en desacato por el TSJ desde julio de 2016, lo que convierte en nulas todas sus decisiones.

Incluso, en el pasado la corte apeló a la figura de la omisión legislativa para avalar un decreto de emergencia económica dictado por el mandatario.

La fiscalía general y algunas organizaciones de derechos humanos han cuestionado, entre otras cosas, la actuación de la Guardia Nacional y la policía durante las protestas opositoras de los casi tres meses recientes, que han dejado 75 muertos.

Maduro, en tanto, renovó la cúpula de la fuerza armada, la mayoría de cuyos jefes enfrentan denuncias de los opositores por violar los derechos humanos, pero ratificó a Padrino –en el cargo desde hace cuatro años y quien ha jurado lealtad incondicional al presidente– como ministro de Defensa.

Entre los cambios realizados se encuentra Antonio Benavides Torres, comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, quien ha contenido las protestas opositoras y asumirá nuevas responsabilidades y batallas, indicó Maduro. Su lugar lo ocupará el mayor general Sergio Rivero.

He decidido ratificar al ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López, como ministro de Defensa, hombre leal, dijo el gobernante ante la plana mayor de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en un acto con jóvenes partidarios.

Designó al mayor general Jesús Suárez Chourio nuevo comandante del ejército, quien por varios años fue uno de los integrantes del equipo seguridad del fallecido Hugo Chávez.

Como comandantes de la Aviación, la Armada y las milicias fueron nombrados el mayor general Iván Hidalgo, el almirante Edglis Herrera Balza y el mayor general Carlos Leal Tellería, respectivamente. El almirante Remigio Ceballos es nuevo jefe del Comando Estratégico Operacional de la fuerza armada.

Además, en el contexto de un plan de empleo juvenil, el mandatario ordenó la incorporación de 20 mil efectivos a la Guardia Nacional y otros 20 mil a la Policía Nacional.

Maduro insistió en que la Asamblea Nacional Constituyente, a la cual convocó para reformar la Constitución, es el único camino a la paz, y acusó a la oposición de lanzar a la violencia a los jóvenes que participan en las manifestaciones.

Las críticas por la actuación de la policía y los militares en las marchas opositoras arreciaron el lunes, cuando un joven de 17 años murió de un disparo presuntamente de un miembro de la Guardia Nacional en el este de Caracas, en una movilización en la que otras seis personas resultaron heridas.

Videos y fotografías de varios medios mostraron que al menos tres uniformados dispararon contra un grupo de encapuchados que los habían obligado a replegarse. Benavides Torres dijo la noche del lunes que ordenó la detención de los efectivos de esa fuerza implicados en el uso de armas de fuego.

El defensor del pueblo también confirmó que dos guardias nacionales fueron detenidos por su presunta responsabilidad en la muerte del adolescente.

Diputados opositores reclamaron justicia este martes por la muerte del joven durante una manifestación a las puertas del comando castrense en Caracas y llevaron pruebas gráficas de lo ocurrido. El deceso de Urbina aumentó a 75 la cifra de víctimas fatales en 80 días de protestas, según la Fiscalía General.

La oposición ha dicho que mantendrá las manifestaciones hasta que se cumplan sus principales demandas: elecciones presidenciales adelantadas, respeto a los derechos humanos y liberación de más de un centenar de presos políticos.