Tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que avala la constitucionalidad de las reformas a la Ley de Responsabilidades Administrativas –conocida como 3 de 3–, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) consideró que las declaraciones patrimoniales y de intereses de funcionarios deben ser públicas.

Sin embargo, el organismo detalló que serán una excepción aquellos datos cuya difusión pueda vulnerar la vida privada o la información personal protegida por la Constitución.

En un posicionamiento luego de conocerse la resolución de la Corte, el Inai se pronunció por que sea el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), a propuesta del Comité de Participación Ciudadana (CPC), la instancia encargada de emitir los formatos (de declaraciones patrimoniales), garantizando que los rubros de información que pueden afectar el derecho a la privacidad y a la protección de los datos personales de los servidores públicos queden en resguardo de las autoridades competentes.

Si bien el presidente del Inai, Francisco Javier Acuña, reconoció que podría haber inquietudes en la definición de los formatos, la ciudadanía tiene la garantía de que su elaboración estára a cargo de lasociedad civil organizada, con la presencia del Comité de Participación Ciudadana.

Los formatos serán elaborados a propuesta del CPC que encabeza Jaqueline Peschard, y ella los someterá a consideración de cada uno de los integrantes del Comité Coordinador, es decir, al órgano de gobierno del SNA, apuntó el comisionado.

En la resolución de la Corte, añadió, está claro que de ninguna manera los que vamos a aprobar los formatos estamos libres de irnos por nuestro rumbo. Nos dice muy claro que los formatos no podrán ser una solución discrecional improvisada.