La Cámara de Diputados evitará el choque con el Senado, en afán de dictaminar la ley de seguridad interior y la minuta –ya sea de mando mixto o único policial–, pues pretende convocar a un periodo extraordinario de sesiones entre la última semana del presente mes y la primera quincena de julio.

Desde el año pasado, en San Lázaro, la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI) anunció su propuesta de ley de seguridad interior. Su contenido pretende enmarcar legalmente el actuar de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública. Es decir, permitiría a éstas decidir bajo nuevos protocolos –algunos de ellos cuestionados en materia de derechos humanos–, en el combate a la delincuencia organizada.

Esta propuesta ha revelado la incapacidad del gobierno federal y los gobiernos estatales para formar policías profesionales, con garantías económicas que impidan su cooptación, y le dote de seguridad jurídica a lo largo del país.

La inexistencia de un programa nacional en esa materia, por razones políticas, económicas y administrativas, propiciaron la aparición de una iniciativa que normaría las tareas de las fuerzas armadas convencionales. Una vez que ésta surgió de la autoría del coordinador del PRI, César Camacho, pocos meses después en noviembre de 2016, el secretario de Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, demandó al sector político establecido aprobar la propuesta, dada la vulnerabilidad jurídica en que se encuentran las fuerzas armadas.

A raíz de ese reclamo, el PRI en la Cámara de Diputados, y el gobierno federal se toparon con la oposición de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN) al dictamen. Los primeros colocan como moneda de cambio, sobre la mesa, el mando mixto policial, y otros exigen modificaciones en el contenido del texto, referentes, a la defensa de los derechos humanos.

Subyace que a la mayoría de los gobernadores del PAN y PRD –y lo mismo opera con algunos priístas–, no desean la puesta en marcha del mando único policial, como lo propuso el Ejecutivo federal, porque les restaría autoridad, manejo de enormes cúmulos de recursos, e implicaría cortar de tajo las complicidades entre las organizaciones criminales y los cuerpos de seguridad.

A cambio, el PAN enarbola –y ahora el PRD también– la bandera del mando mixto policial, con el propósito de que las acciones de profesionalización policiaca se encuentren en manos del gobierno federal y los estados. Aducen que la realidad de las entidades es disímbola y se requieren recetas específicas para combatir a la delincuencia.

De esa forma el debate, y dictaminación de la ley de seguridad interior y la aprobación de los mandos mixto o único, se han estancado en la Cámara de Diputados. Ahí, como instancia de origen se encuentra el proyecto de dictamen de ley de seguridad interior y la minuta del Senado en materia de mando mixto.

Ahora, en las filas del PRI de San Lázaro se mantiene firme la postura de generar los dictámenes de ley de seguridad interior y de mando único policial. Con esto, el afán del presidente en turno del Senado, Pablo Escudero (PVEM), por asumir como responsabilidad de esa cámara, la dictaminación de la primera, quedaría encapsulado.

Incluso, el PRI como fuerza mayoritaria, en asociación con los partidos Verde Ecologista de México (PVEM), Nueva Alianza y Encuentro Social (PES), tiene opción de ganar las votaciones en las comisiones dictaminadoras, y con ello elaborar productos legislativos para que la mesa directiva y la junta de coordinación política, convoquen a un periodo extraordinario en las próximas semanas.