a Constitución establece que ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos, y para ello el Congreso, entre otras, tiene la facultad de aprobar la deuda solicitada por el Ejecutivo, pero también la responsabilidad de sancionar el incumplimiento del ordenamiento legal en la materia.

Sin embargo, ninguna de las partes involucradas (Ejecutivo y Legislativo) en el voluminoso cuan creciente endeudamiento público ha acatado el mandato constitucional (sin más, lo que se endeuda el primero lo legaliza el segundo, en un mero procedimiento político-burocrático), y a estas alturas tal débito roza 10 billones de pesos sin que, a cambio, produzca un incremento en los ingresos del Estado mexicano y mucho menos beneficios a los ciudadanos que, sin ser invitados, son lo que pagan por el festín.

Por el contrario, día a día se reduce la capacidad de pago del erario nacional –no sin antes sacrificar presupuestalmente a los sectores productivos y/o al desarrollo social–, a la par que a paso veloz crece el nivel de endeudamiento (en lo que va del nuevo siglo se ha multiplicado por cinco). El sempiternamente violado mandato constitucional detalla que el Congreso también está facultado para aprobar deuda con propósitos de regulación monetaria, (y) las operaciones de refinanciamiento o restructura de deuda que deberán realizarse bajo las mejores condiciones de mercado.

Pero el Congreso nada ha hecho para detenerla o cuando menos exigir al Ejecutivo resultados positivos como los que fija la Constitución. Por el contrario, año tras año avala la propuesta presidencial en materia de endeudamiento y la legaliza a la hora de aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación, mientras la economía crece, cuando bien va, a un ritmo anual promedio de 2 por ciento, desde hace tres décadas y media.

Sirva lo anterior para contextualizar la información publicada el pasado jueves por La Jornada (Roberto González Amador): “La deuda contratada por el gobierno federal mediante la emisión de bonos en el mercado financiero local llegó a un nuevo máximo histórico este mes, mostró información oficial. Cada día transcurrido desde el inicio de la administración (peñanietista), en diciembre de 2012, el endeudamiento del gobierno en bonos de deuda colocados en el mercado local ha crecido a un ritmo promedio de mil 194 millones de pesos, según datos del Banco de México.

El costo para el gobierno federal de financiar esos pasivos comienza a ser mayor, respecto de años previos, no sólo por el incremento en el monto. También influye el alza en la tasa de interés, cuya evolución está determinada por la tasa de referencia del Banco de México, la cual ha sido elevada en 3.75 puntos porcentuales, a 6.75 por ciento, desde diciembre de 2015. Hasta el 5 de junio pasado, la inversión extranjera en bonos de deuda gubernamental llegó a 2 billones 150 mil 789.20 millones de pesos. Fue una cantidad superior en 45 mil 492.4 millones de pesos a la reportada en diciembre de 2016 y mayor en un billón 660 mil 494.39 millones de pesos a la registrada al inicio del actual gobierno.

Espeluznante. De inmediato surge la duda: ¿dónde quedó el obligado –constitucionalmente hablando– incremento en los ingresos públicos y dónde el Congreso, encargado de autorizar el endeudamiento y vigilar el sano resultado de la política de deuda? Las cifras citadas en la información de La Jornada corresponden sólo al gobierno federal, pero en la versión más amplia el endeudamiento total del sector público federal (sin considerar deuda de estados y municipios) el monto crece hasta rozar 10 billones de pesos, contra alrededor de 2 billones al inicio de la administración de mister chaquetas Vicente Fox, en diciembre de 2000.

Si se considera el crecimiento de la deuda total del sector público, entonces en lo que va de la administración peñanietista su saldo se ha incrementado alrededor de 4 billones de pesos, mientras el ritmo de crecimiento económico se mantiene estancado (2 por ciento anual como promedio, si bien va). Terrorífico, sin duda, pero el panorama empeora cuando se conoce que en igual lapso de las arcas nacionales han salido cerca de 2.8 billones de pesos para el pago de intereses de la misma deuda.

Lo anterior equivale a un ritmo diario de 2 mil 740 millones de pesos de deuda adicional, a la par que el pago de intereses –también cada 24 horas–: mil 920 millones, más comisiones y gastos. Ello quiere decir que por cada peso de nueva deuda el sector público federal paga alrededor de 78 centavos por intereses, y a ese ritmo el precipicio está a la vuelta de la esquina. Y esa relación crece año tras año, siempre favorable al pago de intereses.

De hecho, de acuerdo con los informes periódicos de la Secretaría de Hacienda, sólo en el primer trimestre de 2017 el ingreso presupuestal creció 6.9 por ciento, al tiempo que el costo financiero de la deuda del sector público (con el pago de intereses en primerísimo lugar) aumentó 44 por ciento real en términos anualizados, al pasar de 66 mil 100 millones de pesos en ese lapso de 2016 a 100 mil 200 millones entre enero y marzo de 2017, y contando.

Para dar idea de qué se trata y para qué sirve una cantidad de esa proporción, vale referir que el último monto citado equivale a uno de los recortes presupuestales a Petróleos Mexicanos, o, si se prefiere, resulta similar a tres veces el presupuesto 2017 aprobado para la UNAM, o 45 veces el destinado al Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional.

Es la historia de siempre y la complicidad de siempre. El Ejecutivo ordena, el Congreso acata, agacha la cabeza y estira la mano; el primero arrasa, el segundo cobra y los mexicanos pagan por el desastre de una deuda nueva deuda que se suma a la inmediata anterior y a la vieja, en una interminable cuan expoliadora historia, en la que complicidad y corrupción –de todos los partidos políticos y administraciones gubernamentales– van de la mano y siempre aparecen como protagónicas.

Las rebanadas del pastel

Cierto es que la justicia tardía no es justicia, pero en este sentido las presuntas autoridades mexicanas no sólo fingen permanente demencia y se especializan en congelar los tiempos, sino acumulan una eternidad de violación a los derechos humanos y casos sin resolver que bien constituyen la enciclopedia de la ignominia.

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D.R. cfvmexico_sa@hotmail.com