n tiempos prelectorales y a la sombra de sendos fraudes de Estado en los recientes comicios para elegir gobernador en Coahuila y el estado de México, el reloj del Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) marca la hora de los pueblos en resistencia. La hora de la lucha anticapitalista, abajo y a la izquierda, como forma de seguir construyendo la vida que se hace palabra, aprendizaje y acuerdos colectivos ante tanta muerte, represión y despojo de territorios y recursos; ante tanta destrucción y barbarie.

Se busca desmontar desde abajo el poder impuesto por los de arriba, y para ello, la asamblea constitutiva del Concejo Indígena de Gobierno (CIG), reunida en abril en la Universidad de la Tierra, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, dio los primeros pasos para profundizar el tejido de una organización colectiva a escala nacional de naciones, tribus y pueblos originarios en rebeldía; a la manera de un autogobierno reunido en un solo concejo, que de forma coordinada represente todas las luchas y resistencias que se oponen a la ofensiva capitalista privatizadora que ha militarizado y paramilitarizado los territorios donde ellos habitan.

En la asamblea participaron mil 252 representantes de pueblos y comunidades indígenas y 230 delegados del EZLN, y como muestra de madurez y de la conciencia que tienen sobre la necesidad de la unidad, decidieron crear un concejo como forma colectiva de gobierno; de democracia directa y protagónica de los pueblos. El Concejo Indígena encarna un proyecto de organización democrática, horizontal y asamblearia en la que todas y todos discutan y decidan, alternativo, por tanto, al cascarón vacío de la democracia liberal representativa, que en nuestros días exhibe en México el agotamiento de la vía electoral.

A corto y mediano plazos, el concejo busca frenar la guerra de tipo contrainsurgente del capitalismo expansionista, criminal y militarizado, y preservar la vida de los pueblos en resistencia ante el despojo violento de la tierra, los bosques, el agua, los bienes comunales y todo lo que es amenazado por los megaproyectos de los dueños del dinero.

Se trata, en definitiva, de la defensa de un modo de vivir y de ser, de relacionarse con la madre tierra, amenazada por los proyectos mineros e hidrocarburíficos; por las grandes corporaciones de la energía en sus modalidades hidráulica, eólica y solar; por la privatización del agua y por nuevas obras de infraestructura en las llamadas zonas económicas especiales (ZEE), que, con epicentro en el istmo de Tehuantepec, abrirán una nueva fase de acumulación por desposesión o despojo neocolonial sobre territorios donde sobreviven formas de propiedad comunal y ejidal de la tierra.

Por decisión de la asamblea, una indígena nahua, médica tradicional y herbolaria, María de Jesús Patricio (Marichuy), de 54 años y oriunda de Tuxpan, Jalisco, será la vocera del Concejo Indígena de Gobierno y candidata a la Presidencia de la República.

Según la perspectiva racista y clasista de algunos tránsfugas de la izquierda clientelar, electorera y parlamentarista, que consideran que los indígenas no deben irrumpir en los espacios considerados exclusivos de una clase política amafiada, la unidad de las izquierdas sólo se puede lograr sumándose de manera subalterna y acrítica a un partido político. Quienes calificaron la iniciativa indígena de divisionista pueden estar tranquilos: no se puede dividir lo que no existe en el ámbito parlamentario. Además, Marichuy no recorrerá el país a la caza de votos, porque la lucha del CNI y el EZLN no es por el poder; no pretenden competir con los partidos y sus políticos, sino que la indignación, la resistencia y la rebeldía figuren en las boletas electorales de 2018.

La vocería de esta mujer que es todo un referente en Tuxpan entre nahuas mestizos, estará dedicada a llamar a los pueblos originarios y a la sociedad civil a organizarse con autonomía para enfrentar a al capitalismo militarizado sin caer en lo electorero; a impulsar una autonomía que tenga como ejes la educación, la justicia y el autogobierno. Su campaña buscará visibilizar y denunciar el dolor y el olvido de los pueblos originarios, y crear y multiplicar formas dignas de resistencia al mal gobierno −cuyo ejército y policías cohabitan o son cómplices del narcoparamilitarismo− y sus patrones, los dueños de las grandes corporaciones, que en su ofensiva depredadora asesinan, desaparecen, esclavizan, despojan, saquean, destruyen y contaminan.

La iniciativa de una candidatura independiente, que desde octubre pasado fue discutida en el seno de 43 pueblos originarios de 523 comunidades de 25 estados del país, deriva de un pensamiento colectivo, de una práctica histórica de los pueblos y naciones indígenas que han utilizado distintas estrategias de lucha para asegurar su continuidad y autonomía.

Al margen de la partidocracia dominante, esos sujetos políticos invisibilizados, negados históricamente en su capacidad de decisión, de hacer política y de pensar un proyecto incluyente, impulsan hoy una alternativa al sistema de representación hegemónico, deslegitimado y en crisis. Buscan construir un nuevo horizonte emancipatorio y cimentar un poder de los de abajo y a la izquierda, con una candidatura que cuestiona el monopolio de la política y de la representación de la sociedad por los profesionales de los partidos electoralistas institucionalizados.

Intentarán profundizar un movimiento nacional para enfrentar de manera pacífica a la clase capitalista trasnacional con sus injustas estructuras de explotación y dominación, pero a la vez, en el contexto de múltiples violencias de Estado signadas por la corrupción, la impunidad y la simulación −como herramientas para la recolonización de territorios−, la propuesta busca abrir un camino a la paz. El problema, pues, no es votar o no, el problema es el capitalismo. Y frente a la cultura de muerte del capital, el camino planteado es el de la resistencia organizada.