El proyecto de dictamen sobre la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, elaborado en comisiones unidas de Transparencia a la Gestión y Administración Pública Local de la Asamblea Legislativa (ALDF), incorpora como integrante del Comité Coordinador al órgano de control interno del mismo Poder Legislativo, además de su órgano auxiliar de fiscalización: la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM), por lo que el próximo congreso local estaría sobre representado.

Al advertir lo anterior y alertar también sobre deficiencias en el mecanismo para la integración del Comité de Participación Ciudadana del sistema, Lourdes Morales Canales, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), llamó al órgano de gobierno legislativo aplicar mecanismos de parlamento abierto en la discusión de ésta y las demás leyes y reformas del sistema local anticorrupción, que deberá aprobar antes del 18 de julio.

Recordó que la actual legislatura suscribió un convenio con Transparencia Mexicana para establecer un modelo de parlamento abierto, el cual no ha cumplido al grado de que no es posible encontrar en su página de Internet las iniciativas, ni dar seguimiento al trabajo en comisiones.

Integrante también de la Red por la Rendición de Cuentas, Morales Canales sostuvo que tanto en el diseño de las normas, como en el mismo sistema local anticorrupción la participación de los ciudadanos es fundamental y se deben generar los incentivos para ello.

La académica de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, de la UNAM, Lisbeth Xóchitl Padilla Sanabria, coincidió en que la funcionalidad del sistema anticorrupción dependerá de la participación de los ciudadanos, pero para esto se requiere también conocer los instrumentos y procedimientos previstos en la Constitución federal y en la ley para denunciar a funcionarios y particulares corruptos, desde los mecanismos de transparencia para obtener medios de prueba lícitos, hasta la llamada acción penal privada, que permite a una persona acudir directamente al juez a solicitar una orden de aprehensión contra funcionarios por hechos como enriquecimiento ilícito.