l presidente estadunidense Donald Trump ratificó ayer su intención de dar marcha atrás a los acuerdos establecidos por su predecesor, Barack Obama, para restablecer relaciones diplomáticas con el gobierno de Cuba y suavizar el bloqueo económico impuesto desde hace casi seis décadas. En un discurso diseñado para exhibir al anticastrismo más duro, el republicano arremetió contra La Habana con acusaciones desde faltas a los derechos humanos hasta patrocinio del terrorismo, mientras condicionó cualquier nuevo acercamiento a cambios sustanciales en el orden político y económico de la isla.
Como ya es habitual en los anuncios públicos del mandatario, tras el tono hostil y los amagos de un viraje drástico hubo una esencial continuidad con la situación existente: se mantienen las relaciones diplomáticas al nivel de embajadores, así como los vuelos comerciales directos y el arribo de cruceros; sigue abierto el flujo de remesas, no hay cambios en la política migratoria, y todavía se permiten los vínculos de negocios con el sector denominado cuentapropista. No obstante, sí se contempla un endurecimiento en las condiciones para que los estadunidenses viajen a la isla y se prohíben las relaciones comerciales con las entidades vinculadas al ejército cubano −una medida dura en tanto Estados Unidos afirma que 60 por ciento de la economía de la isla está relacionada con las fuerzas armadas.
Dos consideraciones se imponen al analizar la más reciente medida de política exterior del magnate. En primer lugar, que su discurso, si bien agravado por el conocido estilo pendenciero de Donald Trump, se enmarca en la ininterrumpida tradición de desprecio por la legalidad internacional y de atropello a la soberanía de otros países que ha caracterizado a la potencia desde sus orígenes. Segundo, que tanto en fondo como en forma supone un severo retroceso en la distensión de conflictos internacionales que el anterior mandatario demócrata avanzó en el último tramo de su gobierno y, en particular, de un lamentable relanzamiento de las fracturas heredadas de la guerra fría, las cuales hoy en día han perdido toda justificación.
Por otra parte, y al margen de que la medida supone un relativo cumplimiento de las promesas de campaña que llevaron al empresario a la presidencia −y un innegable triunfo para los sectores más retrógradas del conservadurismo, tanto como un guiño a los cubano-estadunidenses de línea dura−, es manifiesto que se trata ante todo de una maniobra orquestada para distraer a ciudadanos y medios de las crecientes dificultades que la administración encara en el frente interno, así como de la inocultable carencia de cualquier plan de política económica que permita cumplir el designio de “hacer a ‘América’ grande otra vez”.
En suma, la decisión de Trump resulta deplorable desde toda perspectiva: constituye un anuncio de que su país no cejará en la violación de la legalidad; configura un nuevo foco de conflicto; supone un atropello al derecho de los estadunidenses a desplazarse y establecer relaciones de negocios y, ante todo, renueva la histórica afrenta contra el pueblo cubano.
