Toda América enfrenta un clima de ‘‘graves retrocesos’’ en el ejercicio de derechos fundamentales de las grandes mayorías, advierte la organización Amnistía Internacional (AI).

En una carta que entregará durante la próxima Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), los días 19 y 20 de junio en Cancún, AI sostiene que la severa crisis económica que enfrentó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante todo 2016, es una ‘‘demostración inequívoca de la falta de voluntad política’’ de los Estados para promover y proteger los derechos humanos, tanto en sus territorios como fuera de ellos.

En la misiva, AI denuncia que existe una ‘‘oleada de represión’’ que se ha tornado cada vez más visible y violenta, donde con frecuencia los Estados hacen uso indebido de los sistemas judiciales y de los aparatos de seguridad para responder a la disidencia y al creciente descontento de la ciudadanía.

‘‘La discriminación, la inseguridad, la pobreza, y los daños al medio ambiente continúan siendo un legado en nuestra región. El incumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos también queda patente en la amplia brecha de desigualdad, sustentada por la corrupción y la falta de rendición de cuentas’’, señala.

Amnistía Internacional –una de las organizaciones de derechos humanos con mayor reconocimiento a escala global– repasa los principales temas de violaciones a derechos humanos cometidos en la región, entre los que destaca la falta de acceso a la justicia y políticas erróneas en materia de seguridad pública; asesinatos y ataques contra defensores de derechos humanos y periodistas; crisis de refugiados y migrantes; violaciones a los derechos de las mujeres y niñas, y situación de los pueblos indígenas.

Aunque la misiva se refiere en términos generales a la situación que priva en la región, también lo hace de manera específica sobre algunos países. En el caso de México, asegura que ‘‘las autoridades se muestran tan reacias a aceptar las críticas que han llegado al extremo de negar la crisis de derechos humanos que enfrenta el país’’.

Incluso, señala que a pesar de que se ha denunciado la desaparición de al menos 30 mil personas y miles que han perdido la vida a consecuencia de operaciones de ‘‘seguridad’’ en el contexto de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, y otros más han sido desplazados de manera interna en el país, el gobierno mexicano ‘‘parece hacer caso omiso’’ de las críticas de la sociedad civil mexicana y de las organizaciones internacionales, incluidas Naciones Unidas y el propio Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

De igual forma, cita que el uso excesivo de la fuerza ha sido una constante en varios Estados de la región, incluido México, donde el combate al narco es una justificación para militarizar la seguridad pública, que debe estar en manos de civiles. Respecto de las agresiones a defensores de derechos humanos y periodistas, Amnistía Internacional señala que el desarrollo de estas dos actividades se ha vuelto ‘‘extremadamente peligroso’’.

Cita de nueva cuenta la realidad mexicana, en la que destaca que aunque en 2010 se creó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra de la Libertad de Expresión (Feadle), ésta ha demostrado ser hasta ahora ‘‘totalmente ineficaz’’, al igual que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, otra iniciativa que carece de los recursos y la voluntad política para realmente atender la crisis.

La organización exhorta a los Estados a dar prioridad a los derechos humanos como ejes transversales en sus políticas públicas, y que durante su reunión asuman compromisos que se traduzcan en acciones en favor de la población y de sus derechos.