inguna maniobra política, electoral, judicial o carcelaria, por grotesca y falsa que parezca, debería asombrar si se ha producido en el estado de México.

La fabricación de historias fraudulentas, ofensivas a la inteligencia justamente para restregar a los ciudadanos esa capacidad de engaño oficial de baja estofa, es una especialidad de los equipos que han gobernado a esa importante entidad, sobre todo en las gestiones encabezadas por Enrique Peña Nieto (durante la cual se ofrendó a la nación entera la gran mentira de la niña Paulette, encontrada muerta en un resquicio del colchón de su cama, luego de días de intensa y especializada búsqueda por todos lados) y, ahora, por Eruviel Ávila.

Con tales antecedentes, y a reserva de que se conozca la versión oficial sobre la muerte del presunto violador y asesino de la niña Valeria, de 11 años, en Ciudad Nezahualcóyotl, genera natural desasosiego la rápida desaparición de escena del supuesto culpable. Sin mayores pruebas sobre su responsabilidad, podría resultar que José Octavio Sánchez Razo fuera un chivo expiatorio y con su muerte se pretendiera dar por cerrado un caso cuyas turbulencias mediáticas estaban alcanzando otras dimensiones, en especial las relacionadas con la mafia de los concesionarios del transporte público en esa entidad y su relación con políticos y funcionarios (varios de ellos, beneficiados con muchas de esas concesiones, a título propio, de familiares o prestanombres).

Cierto es que el presunto agresor de la niña Valeria pudo haber muerto por decisión propia, por un ataque de alguno o algunos de sus compañeros en la estancia de observación que compartían o, incluso, que jefes policiacos o carcelarios hubieran decidido una venganza ejecutiva o incluso ejemplar. Pero resulta poco profesional, o poco creíble, que la pieza central de un episodio seguido con atención a escala nacional tuviera una mínima vigilancia real, tanto descuido que pudiese suceder cualquier cosa con quien debería haber sido preservado con extremo cuidado por las autoridades para que el caso de la niña Valeria fuera esclarecido a cabalidad, sin dejar hilos sueltos que provocaran fundadas sospechas generales.

Los expedientes acumulados de los feminicidios en el estado de México también están en el curso de la Operación Avestruz que se pretende dar en el caso de la niña Valeria, además del escabroso punto de los densos intereses relacionados con la operación en sí del transporte público (una operación lesiva para los ciudadanos, día tras día, minuto tras minuto; no sólo por los términos físicos de la prestación de esos servicios, sino, además, por la diaria exposición de los usuarios a las agresiones, menores o mayores, de plantillas con frecuencia lumpenizadas de conductores, y de la delincuencia abierta, cada vez más desatada y ostentosa, que asalta, golpea, viola, y llega a matar).

Así como Rafael Moreno Valle ocultó e hizo ocultar durante años en Puebla el fenómeno de los huachicoleros (ladrones de combustible) para no dañar su figura deseosa de postulaciones presidenciales, o los Duarte creyeron posible ocultar que financiaron con millonadas el funcionamiento del comité estatal priísta (en Chihuahua) o la campaña del candidato a la sucesión (en Veracruz), o Roberto Borge pretendió cultivar con regadío de dinero público una imagen distinta a la de la delincuencia personal y familiar que practicaba en Quintana Roo desde el palacio de gobierno (todos estos, solamente algunos de los casos que se dan en cada uno de los estados del país), así en el estado de México se ha pretendido ocultar la realidad del constante e impune asesinato de mujeres.

Mientras arrecian las versiones de que Enrique Peña Nieto prepara el destape de su candidato a la sucesión para que se realice en agosto, mes de una asamblea nacional priísta (aunque el siempre sacrificable Enrique Ochoa Reza trata de despistar, al asegurar que ese destape se dará hasta 2018), el canciller Luis Videgaray Caso ha colocado en Twitter una fotografía donde se ve junto a su sucesor en la Secretaría de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña, con un texto políticamente muy sugerente: “Como desde hace casi 30 años, con @JoseAMeadeK caminando juntos. Esta vez en la Universidad Internacional de Miami”.

Así, el cerebro operativo de Los Pinos pareciera asumir abiertamente el papel de pastor de Meade, un funcionario que formalmente no pertenece a ningún partido pero ha ocupado carteras importantes en administraciones panistas y priístas. En torno a Meade hay una corriente tecnocrática que pretende impulsarlo como candidato independiente o ciudadano pero apoyado por el PRI, ante lo cual podría sumarse el PRD, arguyendo que haría alianza no con el partido de tres colores sino con un candidato apartidista. Así que, ¿Caminando Juntos habrá sido el santo y seña del destape del Virrey Videgaray en pro de su delfín, Meade? ¿Hasta en esto se le estará adelantando al manejable Enrique?

El periodista Álvaro Delgado extendió ayer, en acto presidido por Enrique Peña Nieto, un rectángulo de tela en el que había escrito, en negro y rojo: Basta de sangre. Rectifique, Presidente. #NiunoMás. El reportero de la revista Proceso y autor de libros como El Yunque se manifestó así a un mes de la ejecución de Javier Valdez, en Sinaloa. Elementos del Estado Mayor Presidencial pretendieron arrebatar a Delgado el material de su protesta, pero el propio Peña Nieto pidió que le permitieran exhibirlo, añadiendo frases acerca del respeto a la libertad de expresión que dice que garantiza su gobierno y de las condiciones adecuadas para el ejercicio periodístico que también dice garantizar. Todo sucedió en el contexto del cambio de directiva del Consejo de la Comunicación, una entidad integrada por dueños de medios de comunicación y anunciantes en éstos.

Y, mientras el Tribunal Electoral del Estado de México ha impuesto multas, pero no al PRI sino a Morena y a Delfina Gómez, por actos anticipados de campaña, ¡hasta el próximo lunes!

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