Nueva York.

El presidente Donald Trump anunciará este viernes en Miami su nueva política hacia Cuba. Modificará varias regulaciones sobre viajes e interacciones de negocio promovidas por el gobierno de su antecesor, Barack Obama, pero no anulará la apertura diplomática ni cerrará todas las vías de inversión.

Aunque hubo preocupación de que Trump estuviera considerando revertir y posiblemente anular la iniciativa de Obama, a la cual había llamado un mal acuerdo, un intenso cabildeo del sector privado, gobernadores, y hasta agrupaciones cubanoestadunidenses en favor de la apertura ha logrado, aparentemente, frenar los cambios más radicales promovidos por el sector ultraconservador de Miami y políticos como el senador Marco Rubio y el representante federal Mario Díaz Balart.

Según altos funcionarios de la Casa Blanca, el enfoque es un reajuste para evitar enriquecer al sector militar y de inteligencia del régimen cubano, ya que Trump desea que los beneficios le lleguen sólo al pueblo cubano. Las medidas, explicaron, tienen el propósito de limitar el flujo a los elementos opresores del régimen cubano. Subrayaron que la intención de Trump nunca fue anular el acuerdo, sino más bien mejorar un acuerdo malo.

Pero los funcionarios, en comentarios este jueves a reporteros, resaltaron el lado político interno para esta decisión. En septiembre de 2016, Trump prometió en Miami que reajustaría la política de un “acuerdo malo…. Con esto está cumpliendo su promesa”. Recordaron que en esas fechas la Organización de Veteranos de Bahía de Cochinos le otorgaron su apoyo como candidato presidencial, algo que Trump consideró un honor, ya que ellos se habían dedicado a restaurar la libertad y la justicia en Cuba.

De hecho, se espera que Trump anuncie y firme su nueva política en el Teatro Manuel Artime, nombrado en honor a uno de los líderes de la Brigada 2506 que intentó invadir Cuba con el apoyo clandestino de Estados Unidos en 1961. Ahí Trump disfrazará la justificación de su iniciativa con la retórica de los derechos humanos.

Nadie fuera del universo ultraconservador de Miami favorece un retorno a las políticas más severas del embargo, sino más bien todo lo contrario. En las encuestas nacionales, y hasta entre la propia comunidad cubanoestadunidense, amplias mayorías apoyan la apertura diplomática y comercial entre los dos países. La Cámara de Comercio y otras poderosas asociaciones del sector privado, las principales organizaciones de derechos humanos, organizaciones de latinos y hasta no pocos grupos de cubanoestaunidenses, ex altos funcionarios diplomáticos y militares estadunidenses, entre otras poderosas fuerzas dentro de este país, no sólo han aplaudido la apertura sino que abogan por levantar el embargo.

Por lo tanto, el gobierno de Trump no cuenta con un amplio apoyo para revertir la histórica apertura que lograron Obama y Raúl Castro, y tal vez por eso lo define sólo como un mejoramiento del acuerdo que es parte del legado de su antecesor.

Sin embargo, el impacto podría ser severo, ya que las medidas están dedicadas a prohibir todo negocio con entidades del gobierno, sobre todo del sector militar. GAESA, el conglomerado de empresas administrado por las fuerzas armadas, controla –según expertos– 60 por ciento de la economía formal, incluido el sector del turismo, en el cual se ha concentrado buena parte de las inversiones de empresas estadunidenses en los dos años de apertura.

Las modificaciones tienen la finalidad de fortalecer el sector privado, imponer mayor presión sobre el gobierno para ampliarlo e impondrán mayores restricciones al turismo (el turismo está prohibido por el embargo, pero Obama había relajado las restricciones), reportó el Miami Herald, que obtuvo un borrador de la iniciativa.

Las medidas no afectarán el embargo, no impondrán límites anteriores sobre viajes o remesas enviadas por cubanoestadunidenses, ni tampoco hay un regreso a la política migratoria anulada de pies mojados, pies secos que durante años permitía a inmigrantes cubanos que lograban llegar a este país, permanecer o legalizarse, reportó el rotativo esta tarde.

Se mantendrán las 12 categorías para permitir viajes de estadunidenses a la isla, pero según los altos funcionarios hoy, individuos ya no podrán viajar sin tener que comprobar que lo hacen de manera autorizada. Según las nuevas regulaciones, viajeros podrán ser sujetos a un auditoría del Departamento de Tesoro para asegurar que viajaron bajo las categorías correctas y que se apegaron a las restricciones, incluida la de no haber gastado dinero en entidades del gobierno (lo cual incluye casi todos los grandes hoteles, muchos restaurantes y foros culturales y educativos).

Se siguen permitiendo los vuelos comerciales y los viajes por crucero.

De acuerdo con algunos expertos, las nuevas condiciones y la amenaza de auditorías podrían deprimir el turismo y también desincentivar nueva inversión de empresas estadunidenses, aun si son en actividades autorizadas. También podrá tener un impacto negativo en turistas; en 2016 el número de visitantes estadunidenses que no son de origen cubano se disparó 74 por ciento (de los 4 millones de visitantes a la isla ese año, 615 mil llegaron de Estados Unidos, la mitad cubanoestadunidenses).

Más aún, la nueva directiva presidencial ordenará que el gobierno retome su postura anterior de oponerse a toda medida que llame a anular el embargo sobre Cuba en organizaciones multilaterales como Naciones Unidas.

El senador Rubio tuvo un papel clave en la elaboración de la nueva política, según los funcionarios de la Casa Blanca y versiones en varios medios, junto con Díaz-Balart. De hecho, algunos observadores señalaron que sólo la semana pasada Rubio defendió a su viejo antagonista Trump en las audiencias sobre la investigación de la mano rusa en las elecciones y esfuerzos de obstrucción de esa indagatoria. Trump y Rubio tuvieron encuentros hostiles durante la campaña electoral, donde el candidato le puso el apodo de little Marco, pero ahora parece que están unidos en nombre de los derechos humanos (en algunos países).

La política hacia Cuba –la normalización de relaciones diplomáticas y más– fue impulsada por Obama por medio de órdenes ejecutivas y, por tanto, puede ser modificada o revertida de la misma manera. El embargo es una ley y sólo el Congreso tiene el poder de levantarlo.