La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó al gobierno mexicano medidas cautelares para proteger a las más de 500 personas de origen guatemalteco que desde los primeros días del mes se asentaron en el municipio de Candelaria, en el estado de Campeche, luego de haber sido desalojadas de su comunidad fronteriza en el vecino país del sur.

Las medidas cautelares, dirigidas a los tres niveles de gobierno, incluyen proporcionar la asistencia humanitaria necesaria e indispensable para satisfacer las necesidades básicas de alimentación, sanitarias, médicas y de seguridad.

El organismo informó que entre los desplazados hay 35 mujeres, de las cuales 12 tienen embarazos que van de los dos a los nueve meses de gestación; cuatro adultas mayores; 126 niños y adolescentes varones, entre ellos cuatro recién nacidos; 87 niñas y adolescentes, entre las cuales hay seis recién nacidas, y 151 varones, de los cuales ocho son adultos mayores.

Dijo tener conocimiento de que han surgido brotes de enfermedades gastrointestinales, y al no contar con un lugar para aseo personal, algunos ya presentan salpullido, además de que se terminó el suministro de alimentos que les proporcionaban la Pastoral Social de Guatemala y pobladores de la comunidad El Desengaño, donde están asentados.

El 2 de junio estas personas de la comunidad de San Andrés en Laguna Larga, municipio de La Libertad, en Petén, Guatemala, fueron desplazadas de sus tierras tras el anuncio de que más de un millar de efectivos de la Policía Nacional Civil y del ejército guatemalteco avanzaban a la zona para un desalojo masivo.

Diversas organizaciones de derechos humanos señalaron que el gobierno mexicano tuvo conocimiento oficial de la inminencia del desalojo por parte de su par guatemalteco desde días antes de que se ejecutara.

Incluso, señalaron, estuvieron presentes desde su llegada elementos de seguridad nacional, pero ni el gobierno de México ni el de Guatemala han proporcionado recursos suficientes para aliviar la condición indigna del campamento y han puesto en riesgo la salud y la vida, especialmente de la población más vulnerable, denunciaron.