Los gobiernos de Estados Unidos y México han violado de forma sistemática el derecho humano al asilo de miles de centroamericanos y mexicanos que han decidido huir de sus comunidades de origen a causa de la violencia, afirmó Amnistía Internacional (AI).

Sostuvo que las políticas de mano dura que ha aplicado el gobierno estadunidense para el control de su frontera se ha conjugado con la complicidad de su par mexicano, encargado de devolver a los migrantes al peligro del que huyeron. Ambos gobiernos cometen flagrantes violaciones al derecho internacional de asilo.

En el informe Enfrentando muros. Violaciones de los derechos de solicitantes de asilo en Estados Unidos y México, AI señala que los datos y la propia experiencia indican que las férreas políticas de control fronterizo no impiden que la gente migre o huya de su país, sino que la condenan a seguir rutas más peligrosas y fortalecen las redes delictivas violentas que alimentan el tráfico de seres humanos y dan lugar a un aumento de la pérdida de vidas.

Estados Unidos y México son socios en el crimen y están fraguando una incipiente catástrofe de derechos humanos. Estados Unidos está construyendo un sistema cruel y hermético para impedir que gente que lo necesita reciba protección internacional, y México está demasiado dispuesto a desempeñar el papel de portero de Estados Unidos, indicó Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de AI.

El informe destaca que entre la gran cantidad de personas que cruzan la frontera sur de Estados Unidos se encuentra un número significativo de solicitantes de asilo que huyen de la violencia extrema del llamado Triángulo Norte de Centroamérica, formado por Honduras, El Salvador y Guatemala.

Pero también existe un número creciente de solicitudes de asilo presentadas por mexicanos que también huyen de la violencia y la persecución en su país.

Amnistía Internacional advierte que, con sus acciones, el gobierno del presidente Donald Trump busca socavar los derechos de los solicitantes de asilo en Estados Unidos y permitir un régimen inhumano y punitivo para las personas migrantes que entran irregularmente a ese país.

En esta tarea, agrega, el gobierno mexicano ha desempeñado un importante papel en la detención ilegal, la deportación y la devolución de decenas de miles de centroamericanos a situaciones de peligro, a veces basándose para ello en financiación estadunidense, mediante los recursos de la llamada Iniciativa Mérida.

Abusos múltiples

Junto con el Plan Frontera Sur se ha provocado un aumento de operaciones de seguridad en los límites entre México, Guatemala y Belice, y se ha asociado con frecuentes informes de extorsiones, secuestros y otros abusos contra los derechos humanos de los migrantes, señala el informe de 45 páginas, que incluye decenas de testimonios de personas a quienes les han negado asilo en los dos países, así como entrevistas con activistas, abogados y funcionarios de ambas naciones.

En el reporte, AI, una de las organizaciones de defensa de derechos humanos con mayor reconocimiento a escala global, concluye que México está incumpliendo su responsabilidad de proteger al creciente número de personas centroamericanas que buscan protección en el país.

De acuerdo con datos oficiales, en 2016 se registró en México una cifra récord de 8 mil 788 solicitudes de asilo, en comparación con las mil 296 de 2013; sólo 35 por ciento de solicitantes recibieron el reconocimiento de la condición de refugiado.

El 91 por de las solicitudes era de personas originarias de las tres naciones centroamericanas asoladas por la violencia. La agencia de la ONU para los refugiados prevé que el número de solicitudes pueda llegar a 20 mil este año.

Respecto de los mexicanos que han solicitado asilo en Estados Unidos, también a causa de la violencia, la cifra varía entre 7 mil y 10 mil cada año desde 2011, según datos del Departamento de Justicia.