Mexicali, BC.

El centro de control, comando, comunicación, cómputo, calidad e inteligencia (C5i), que iniciará operaciones en agosto próximo, no dará resultados si antes no se combate la corrupción y se modifica el nuevo sistema de justicia penal, advirtió Alejandro Vázquez Valadez, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Mexicali.

El empresario instó al gobernador Francisco Vega de Lamadrid, a los 25 diputados locales y a los magistrados del Poder Judicial a reformar el sistema de justicia oral y a limpiar las instituciones.

Admitió que para disminuir la violencia en la entidad se necesitan herramientas de inteligencia, pero insistió en que también hace falta reformar el Código de Procedimientos Penales y enfrentar los delitos patrimoniales, como el robo a casa habitación y a comercios.

El diputado Luis Moreno Hernández coincidió en que se deben combatir las corruptelas en las corporaciones policiacas antes que gastar 4 mil 664 millones de pesos en el C5i.

No se puede, con un tema tan delicado, hacer negocio con tan impresionante inversión millonaria, que dejará una deuda irresponsable a los bajacalifornianos durante cuatro administraciones, señaló el legislador.

En tanto, el grupo de regidores del Partido Encuentro Social en el cabildo de Tijuana presentó al Congreso local una solicitud de denuncia de responsabilidad contra la administración del alcalde Juan Manuel Gastélum por adjudicar directamente al Grupo Turbofin, propiedad de Jaime Aarón Rogozinski, de un contrato por 88 millones de pesos para la renta, en dos etapas, de camiones recolectores de basura en esa ciudad.

La denuncia de juicio político va dirigida contra la síndica procuradora Ana Marcela Guzmán, quien el 8 de junio declaró clasificada la información de esos contratos hasta enero de 2018, explicó Mónica Vega Aguirre, coordinadora del PES en el ayuntamiento.

A pesar que la primera fase incluye la operación de 40 camiones, sólo hay siete.