El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Francisco Martínez Neri, presentó un punto de acuerdo para exhortar a diversas instancias del gobierno federal a que informen sobre el estatus del caso de las 11 mujeres de San Salvador Atenco contra el Estado mexicano sometido a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).

El también coordinador del PRD en San Lázaro apremió a adoptar medidas para prevenir la violencia contra las mujeres, para evitar casos de fuerza policial desmedida y, en caso de ocurrir, que sean realmente sancionados.

Se argumenta, mencionó, que durante los operativos policiales en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco en mayo de 2006, las mujeres fueron víctimas de diversas formas de violencia durante la detención, traslado e ingreso al lugar donde permanecieron privadas de su libertad.

La CoIDH, dijo, estableció que la detención fue ilegal, arbitraria y no se les informó sobre las razones de su detención, ni los cargos imputados.

El pasado 27 de septiembre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos envió el documento de fondo de este caso, en el cual establece que el Estado incumplió con su obligación de investigar los hechos denunciados con la debida diligencia y en un plazo razonable.

La comisión determinó que hubo afectaciones a la integridad síquica y moral en perjuicio de los familiares de las víctimas, por lo que dispone una reparación integral en favor de las víctimas por las violaciones de derechos humanos declaradas en el informe, incluyendo el aspecto material y moral, y brindar tratamiento médico y sicológico o siquiátrico.