Sin una legislación en materia de violencia política no podemos poner orden. Es de suma importancia para que se implanten sanciones contra quien la ejerza, ya que además ésta es la mejor manera de prevenir, atender y combatir la impunidad en la que se da, aseguró Marcela Eternod Arámburu, secretaria ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).

Refirió que de 2012 a 2016 se presentaron ocho iniciativa en esta materia en el Senado, y de 2015 a 2016 cuatro en la Cámara de Diputados, pero ninguna se aprobó.

Indicó que las mujeres que trabajan en la esfera política, en los comités comunitarios, en las colonias, en las células de los distintos partidos han sufrido a lo largo de su vida la participación de violencia, pero no la identificábamos, sino hasta que tenemos todo este andamiaje de otros tipos de abusos se empieza a detectarla, al ver que no se les dan recursos para desarrollar sus campañas, las omiten de las listas o se les excluye de la toma de decisiones.

Eternod Arámburu mencionó que se han dado casos emblemáticos en los cuales las mujeres han sido violentadas simplemente por el hecho de querer participar, como sucedió con Felícitas Muñiz, alcaldesa de Mártir de Cuilapan, Guerrero, que en mayo del año pasado fue presionada para dejar el cargo con amenazas de muerte, robo de bienes y allanamientos.

Reconoció que a pesar de que la denuncia es importante con un marco legal para la sanción, muchas de las mujeres no lo hacen por miedo, porque piensan que así siempre ha sido y seguirá siendo.

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, dijo, tiene más de 170 denuncias y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de 2016 a enero de 2017, registraba 11 sentencias.