Al plantear los desafíos que enfrenta el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) para su operación, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) destacó los procesos electorales como uno de los principales nichos de riesgo. Tal como están estructurados han generado una fuerte corriente de opinión en contra de lo elevado de sus costos, lo prolongado de su duración y las amplias posibilidades que tienen de generar condiciones propicias a la corrupción, ya sea antes de los comicios o una vez que las autoridades electas han tomado posesión de sus cargos.

Contrario a la inflexible defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) a sus procesos, para la ASF es imperioso abrir un debate en el SNA acerca de las posibilidades de modificar la normativa que rige los procesos electorales, de tal manera que se reduzcan sustancialmente las condiciones propicias de actos de corrupción.

Hizo énfasis en las debilidades de la fiscalización, ya que se favorece el establecimiento de redes de corrupción y creación de intereses de grupo al margen de la legalidad. Este tipo de colusiones es difícilmente fiscalizable, dado que opera en ámbitos metainstitucionales.

En el documento Temas para la conformación del programa de trabajo del Sistema Nacional Anticorrupción, la ASF expresó su preocupación sobre la integración de los sistemas locales en la materia, debido a que subsisten importantes deficiencias en distintas entidades respecto a las capacidades de gestión, una efectiva división de poderes y la existencia de un marco jurídico consistente, como el vigente en el orden federal, lo que se traduce en vulnerabilidades ante la comisión de irregularidades o un bajo desempeño en términos de eficacia y eficiencia de la acción gubernamental.

Para la ASF es necesario que la construcción de estos sistemas estatales sean aceptados por la sociedad a partir de garantizar la independencia de actuación de las instituciones involucradas, dotándolas de recursos suficientes y evitar consideraciones de orden político en su integración. Una creación deficiente o tardía de los sistemas locales anticorrupción respecto de los plazos y disposiciones previstos en la ley puede comprometer el funcionamiento integral del SNA, e incluso poner en entredicho su credibilidad ante la ciudadanía.

También alertó sobre el escepticismo social en torno a las instituciones que combaten la corrupción y las descalificaciones a los elevados salarios de los funcionarios, cuando a juicio de la ASF sus percepciones son un factor que reduce las irregularidades.

Desafortunadamente, se interpreta como una medida de justicia social que los funcionarios vean disminuidos sus ingresos de manera radical, sin tomar en cuenta el impacto que dicha acción pudiera tener en el incremento de los incentivos para actuar de manera corrupta.

La ASF subrayó que la entrada en operación del SNA implica diseñar un mapa de riesgos que indique prioridades para preservar la autoridad moral con que surge este instrumento.

Para la ASF uno de los instrumentos básicos del SNA será la integración de la Plataforma Digital Nacional, para la que es indispensable identificar la base de datos actual que deberá conectarse como sustento de su construcción.

De entrada, la base de datos del Registro Público de la Propiedad deberá cruzarse con la información de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios, en tanto que deben identificarse las brechas en cuanto la información existente y aquella que debe ser generada para tener mayor control de la corrupción a escala nacional, identificando riesgos y vulnerabilidades.