Cambiar el flagelo de la corrupción requiere por lo menos 40 años, afirmó el titular de la Contraloría General de la Ciudad de México, Eduardo Rovelo Pico, quien admitió que nunca se va a erradicar, sólo lo puedes mantener en niveles tolerables, pero jamás lo puedes eliminar, pues es consustancial a la sociedad.

En entrevista con este diario, señaló que las autoridades capitalinas trabajan en lo que será el sistema anticorrupción de la Ciudad de México, que entrará en vigor en marzo de 2018, para el cual, señaló, se requiere de la participación ciudadana, así como de presupuesto y voluntad política, pues de lo contrario no va a servir.

Para que el sistema pueda operar y funcionar, manifestó el funcionario, el marco jurídico es muy importante, pero no suficiente, pues la corrupción es un problema estructural y social, que requiere de la corresponsabilidad ciudadana y un entendimiento pleno de que se quiere transformar el statu quo en que se mantiene el fenómeno.

Es un hecho social (la corrupción) que radica en la desigualdad y está introyectado en el sistema. Generaciones vienen y van y el fenómeno allí está, porque el concepto de corrupción es amplio, se vislumbra desde distintos enfoques: antropológico, biológico, sicológico, jurídico, administrativo y político.

Por ello, añadió, se tiene que preparar a las nuevas generaciones para que vayan reconociendo este problema y que se requiere ponerle un alto, aunque, advirtió, no se va a erradicar porque es un hecho social.

El titular de la Contraloría General de la Ciudad de México, Eduardo Rovelo Pico, en una imagen de archivo durante una comparecencia ante el pleno de la Asamblea LegislativaFoto Guillermo Sologuren

Rovelo Pico señaló que el nuevo sistema anticorrupción implica crear nuevas instituciones, que más que un proceso burocrático permitirá articular a todos los entes involucrados en esta tarea, para lo cual se requiere de presupuesto y voluntad política.

En el sistema anticorrupción de la Ciudad de México participarán, además de la Contraloría General, la Auditoría Superior, la Asamblea Legislativa, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, la Procuraduría General de Justicia, el Instituto de Acceso a la Información Pública y el Tribunal de la Contencioso Administrativo capitalinos, señaló.

El primer paso para su constitución, explicó, será la expedición de seis nuevas leyes locales, entre ellas la del sistema anticorrupción, de responsabilidades administrativas, auditoría y control interno; además, se deberá hacer modificaciones a otras cuatro normas, para lo cual el Poder Legislativo tiene de plazo el 19 de julio de este año.

Posteriormente, se deberá integrar el comité de participación ciudadana, instalar el comité coordinador y la secretaría ejecutiva del sistema anticorrupción de la Ciudad de México, lo cual deberá ocurrir entre el 15 de agosto y el 18 de diciembre.

A más tardar el 23 de febrero del año próximo se deberá designar al secretario técnico de la secretaría ejecutiva del sistema anticorrupción, el cual deberá empezar a operar el 8 de marzo.