oston, Massachusetts. Más allá de artículos y reportajes sobre lo que una de mis maestras llamó Superbowl de la política
–a propósito de la comparecencia de James Comey ex director de la FBI ante la Comisión de Inteligencia del Senado– por ahí escuché comentarios y leía una nota en el Boston Globe (original del Washington Post) sobre las condiciones de vida de los trabajadores estadunidenses de bajos ingresos. Muchos de ellos migrantes, según reportes recientes del Departamento del Trabajo en este país. La fuente de información es la Coalición Nacional de Vivienda de Bajos Ingresos (NLIHC, siglas en inglés de la National Low Income Housing Coalition, http://nlihc.org). La finalidad de esta coalición sin fines de lucro es –a su decir– impulsar políticas públicas socialmente justas que apoyen el acceso a buenas viviendas de personas con los ingresos más bajos en el país. Incluso en renta no en propiedad.
Fundada en 1974 por una estudiosa y activista social –Cushing N. Dolbeare (1926-2005)–, la coalición publica un informe anual con datos sobre lo que denominan brecha entre costo de la vivienda y salarios de personas de bajo ingresos
. A propósito de esto, permítaseme recordar a personas y organizaciones sociales con metas similares en México. Pienso inmediatamente en el arquitecto Enrique Ortiz Flores. Con varios investigadores y activistas sociales, al inicio de los años 70 fundó el prestigiado Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento (Copevi). De él surgieron otros organismos de calidad y notable compromiso social.
Enrique Ortiz y los miembros de Copevi sostenían una tesis esencial. Se las escuché en una vecindad de la colonia Guerrero allá por 1974. Entonces era usual desalojar a los habitantes del centro de la Ciudad de México y reubicarlos en la periferia. “En este país no todos pueden o quieren ser propietarios. La vivienda de renta –digna, adecuada y segura– es opción para buena parte de la población”. Pero regresemos al reporte estadunidense (Out of Rich 2017, The High Cost of Housing). En éste hay una evidente concentración en las condiciones de acceso a la vivienda de familias con bajos o extremadamente bajos ingresos. La tesis principal es muy clara, aunque dramática. Hoy en Estados Unidos no hay ningún lugar –sí, ninguno– en el que un trabajador de salario mínimo pueda acceder a una vivienda digna de dos recámaras. Incluso de una recámara.
La brecha entre salarios y rentas de estas viviendas se ha ido abriendo cada día más. No parece existir solución de vivienda para familias con bajos o extremadamente bajos ingresos. ¿A qué se refieren con personas de bajos o extremadamente bajos ingresos? ¿Y de qué universo de familias estadunidenses estamos hablando? Números oficiales indican que hoy, en Estados Unidos, hay cerca de 119 millones de viviendas. Y las habitan cerca de 322 millones de personas. La cantidad media de habitantes por vivienda es casi de tres personas (2.7). De esas viviendas, 43 millones (36 por ciento del total) corresponden a viviendas de renta. Una vivienda, una familia o un hogar (usémoslo indistintamente en este momento) es de extremadamente bajos ingreso cuando sus percepciones anuales son del orden de 21 mil dólares. Un promedio mensual de mil 750 dólares.
Según la coalición, estas familias debieran destinar al pago de su vivienda no más de 30 por ciento de sus ingresos. No más de 525 dólares por mes. Pero ¿existen esas viviendas? ¡Ciertamente! Pero las ocupan otras familias de mayores ingresos. Eso se debe al cada vez más bajo ingreso que recibe buena parte de la población. Fenómeno asociado a un mercado laboral que se modifica radicalmente.
Con empleos cada vez más precarios. Hoy en día una familia debiera tener ingresos por 21.21 dólares por hora para acceder a una vivienda de dos recámaras. ¡No es posible!, aseguran. Si, alternativamente, esa familia deseara arrendar una vivienda de una recámara, su ingreso por hora debiera ser de 17.14 dólares. ¡Millones de familias no lo logran!, aseguran. En términos del salario mínimo federal actual (7.25 dólares por hora, menor a algunos salarios mínimos estatales e, incluso muy por debajo de algunos pocos salarios mínimos locales) la familia debiera tener casi tres veces (2.9) su ingreso actual para acceder a una vivienda de renta de dos dormitorios. Y casi dos y medio veces (2.49) para arrendar una vivienda de un dormitorio.
Siempre con ese supuesto –aseguran los investigadores de este organismo– de no destinar más de 30 por ciento del ingreso al pago de la vivienda y los servicios de agua y electricidad. Sin embargo, se pudiera lograr el pago de esa vivienda de renta con el trabajo de casi tres miembros de la familia. ¡Dramático! O con una merma sustantiva en los otros componentes del gasto: alimentación, educación, salud, transporte, seguridad social, recreación, deporte, entre otros.
¡Aún más dramático! Por la disminución esencial del nivel de vida de las familias. En este contexto uno de los números resultantes de este reporte anual es tremendo. En 20 millones de viviendas de renta, las familias no pueden satisfacer adecuadamente sus otros requerimientos vitales. ¡Sorprendente! ¡En Estados Unidos! Y sorprende más que se trate una situación que paulatinamente se ha empeorado, como lo indica con extrema nitidez esta Coalición Nacional de Vivienda de Bajos Ingresos en el reporte de marras, dado a conocer el martes pasado. Sin duda.
NB. ¡No hay que olvidar nunca lo que pasó el 10 de junio de 1971! En ese contexto la actuación con los normalistas que tuvo la policía municipal de Aguascalientes –la publicitada como tierra de la buena gente– es una vergüenza.
