Integrantes de la Comisión Nacional Jurídica y de Derechos Humanos del magisterio disidente anunciaron que acudirán en agosto ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en Ginebra, Suiza, para interponer una queja por violación a los derechos humanos de los trabajadores de la educación, tras señalar que las instancias jurídicas nacionales han quedado agotadas, sin que se atendiera el reclamo de miles de maestros en los juicios de amparo.

En conferencia de prensa, los abogados Luis Alberto Bravo, Julio César Velázquez y Rogelio Luna destacaron que los tribunales mexicanos no acataron la normativa de velar por el respeto de los derechos humanos en el marco de los convenios y tratados internacionales que ha suscrito el gobierno mexicano, y que en el caso de la aplicación de la reforma educativa quedó establecido que es totalmente violatoria de los derechos de los trabajadores de la educación.

Agregaron que demandarán el cumplimiento del Convenio 87 sobre libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, así como el Convenio 98 sobre negociación colectiva.

Los abogados de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) señalaron que también acudirán ante otras instancias internacionales, como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Comité de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones y el Sistema Interamericano en cuestión de audiencia temática.

Velázquez agregó que, en el caso de los profesores que se negaron a presentarse en los procesos de evaluación del desempeño docente, ya se tienen sentencias definitivas de amparo emitidas por jueces federales para evitar que sean cesados de sus cargos magisteriales, ya que si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un proceso indebido, determinó que es constitucional la evaluación, la autoridad educativa federal y local violó el derecho de los maestros a una examinación conforme a derecho, al no aplicar de forma adecuada procesos como la selección y notificación de los docentes que fueron convocados para ser evaluados.

Indicaron que hasta el momento han contabilizado 575 profesores en todo el país, a quienes se les ha otorgado o está en proceso su juicio de amparo por diversas violaciones a su derecho a una evaluación justa.

Una de las demandas más importantes para la CNTE, además de la abrogación de la reforma educativa, es que se reinstale a los maestros cesados y se resuelva la retención de salarios, pues donde la autoridad educativa no ha podido despedir a los maestros, les ha retenido su ingreso, denunció Juan Melchor, integrante de la dirección política de la CNTE.