Brasilia.

El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil desechó este viernes una causa penal que amenazaba con anular el mandato del presidente conservador Michel Temer, acusado de recibir financiamiento ilegal durante la campaña de 2014, cuando era compañero de fórmula de la ex gobernante Dilma Rousseff, destituida en un juicio político en 2016.

El TSE decidió desestimar el caso con una cerrada votación de 4-3. La absolución del mandatario brasileño es de la acusación de recibir donaciones ilegales durante su campaña en 2014, en el marco del megafraude y la trama de corrupción en Petrobras.

La votación fue definida en los minutos finales de la cuarta y última audiencia con la declaración del voto del presidente del TSE, Gilmar Mendes, quien se pronunció por la absolución con el argumento de que, de acuerdo con la Constitución, “el sistema precisa estabilidad y debe ser priorizada la soberanía popular.

No es una acción de reintegración de tierras, no es una acción de responsabilidad civil. Estamos tratando de algo especialísimo, que es el cargo de Presidente de la República, que es jefe de Estado y jefe de Gobierno, subrayó Mendes, quien ha sido señalado por la prensa por su cercanía con Temer.

Otra indagatoria

Sin embargo, el mandatario debe enfrentar una investigación más por corrupción en el Supremo Tribunal Federal, acusado de avalar el pago de un soborno cuando salió a la luz una grabación hecha por el dueño del gigante JBS.

El TSE absolvió a la fórmula Dilma Rousseff-Michel Temer de los cargos de abuso de poder económico y político, por lo que Temer retuvo su mandato presidencial, que ocupa desde el año pasado. La demanda fue presentada por el Partido Social Demócrata Brasileño (PSDB) del candidato derrotado Aecio Neves, quien denunció un financiamiento ilegal en la campaña de 2014 para la fórmula vencedora.

Durante el juicio todos los jueces de la Corte reconocieron que hubo ilegalidades en ese proceso electoral, pero cuatro decidieron descartar un importante número de pruebas en función de que no tenían, a su criterio, relación directa con la denuncia presentada originalmente por el PSDB.

El factor decisivo para el resultado final del proceso fue la anulación de las evidencias ofrecidas por la constructora Odebrecht y los publicistas de la campaña Rousseff-Temer de 2014, en delaciones premiadas a la justicia este año.

Esta controvertida decisión fue liderada por el presidente de la Corte, Gilmar Mendes, con apoyo de los jueces Napoleao Nunes Maia, Admar Gonzaga y Tarcisio Vieira. Estos dos últimos fueron nombrados recientemente por Temer para integrar el TSE. Desde el punto de vista jurídico, el elemento más polémico del juicio fue el cambio de postura de Mendes, quien el año pasado, cuando el objetivo principal en el TSE era la entonces presidenta Rousseff, votó en favor del uso de pruebas de la operación Lava Jato en las pesquisas, lo contrario de su voto final de este viernes.

Entre los elementos probatorios descartados está un pago comprobado por 150 millones de reales (unos 45 millones de dólares) en fondos no declarados para la fórmula Rousseff-Temer. Otra evidencia entre un mar de pruebas que no fueron consideradas, explicó el relator del caso, el juez Herman Benjamin, quien además apuntó que hubo 40 millones de reales (unos 12 millones de dólares) aportados legalmente y declarados en la campaña que provenían de fondos públicos desviados, lo que sería por sí solo suficiente para suspender el mandato.

El relator declaró que el financiamiento ilegal y los sobornos no sólo alcanzaban al Partido de los Trabajadores de Rousseff y al Partido del Movimiento Democrático Brasileño de Temer, sino a las principales formaciones políticas, incluyendo al PSDB, que presentó la demanda. Durante la audiencia, la fuerza responsable de la operación Lava Jato criticó la actitud de la mayoría de los integrantes de la Corte electoral, que votó por rechazar las pruebas.

El procurador Carlos Fernando dos Santos Lima dijo que las denuncias de corrupción no sólo muestran el cinismo de la clase política, sino la ceguera intencional de la mayoría de los jueces del TSE en relación con la corrupción expuesta por el acuerdo del Ministerio Público Federal con Odebrecht.

En el curso de la otra investigación realizada por el STF contra Temer, a partir de la delación premiada a los empresarios Joesley y Wesley Batista, de la multinacional JBS, el mandatario rehusó este viernes responder a un interrogatorio escrito y enviado por la policía federal, de acuerdo con un documento divulgado por sus abogados.

La defensa del mandatario solicitó además archivar la indagatoria de esta causa contra Temer por supuesta obstrucción de justicia, asociación ilícita y corrupción pasiva.