El sistema de archivos en México aún sufre de varias carencias y errores porque el país empezó de forma tardía la labor de organizarlo, lo que hace urgente crear una adecuada ley en la materia, afirmó el presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), Francisco Javier Acuña.

En México comenzamos tarde y mal el tema de la convertibilidad democratizadora, por la omisión que se hizo del tema de los archivos. En cualquier país democrático moderno, primero se resolvieron los archivos y después la apertura transversal de la información pública, subrayó el funcionario durante la apertura del foro Los archivos en la sociedad digital.

Registros históricos, columna de la administración pública

Enfatizó que los registros históricos son la columna de la administración pública o privada, y exhortó al Poder Legislativo a hacer todo lo necesario para crear la mejor ley general posible en la materia.

Areli Cano, comisionada del Inai, reiteró que los miembros de dicho organismo de transparencia están muy interesados en la discusión y aprobación de dicha legislación, pues por medio de ésta se puede fortalecer el derecho de los ciudadanos a saber cómo funcionan las instituciones del país, lo cual es positivo en la construcción de la democracia.

Por su parte, Lourdes Morales Canales, coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas, lamentó que las autoridades no hayan dado aún la importancia que merece al tema, y se dijo preocupada por los términos en que está redactada una iniciativa de ley que actualmente se encuentra congelada en el Senado.

La mencionada propuesta, afirmó, no hace referencia a la necesidad de la difusión, la gratuidad y accesibilidad de los archivos, ni menciona la urgencia de que los registros históricos dejen de estar bajo el control de funcionarios del gobierno federal.

No hay razón alguna para que la Secretaría de Gobernación controle la gestión documental del país. Si les dicen otra cosa, es un argumento político, no técnico, y tampoco habría razón para que esta transición (hacia un control no gubernamental de los archivos) se tome ocho años, como se ha planteado en la iniciativa de ley, aseveró la experta.

Canales alertó que el Archivo General de la Nación –el organismo que a su juicio debería controlar de manera independiente el patrimonio archivístico del país– se encuentra sumamente debilitado, luego sufrir un recorte presupuestal de 75 por ciento.