llá por enero de 2016, el inquilino de Los Pinos presumía –con la levedad que lo caracteriza– que en el año recién concluido “México tuvo la inflación –oficial– más baja desde que se tiene registro de este indicador, y ello es fruto de la estabilidad macroeconómica que ha ido consolidando nuestro país en beneficio de las familias mexicanas”. De inmediato, ¡faltaba más!, se soltó el coro de jilgueros para celebrar la hazaña, sin dejar a un lado las sabias palabras del susodicho de que la buena noticia también es fruto de las reformas estructurales de los últimos tres años, cuyos efectos ya se están reflejando positivamente en la economía de los mexicanos.

Y con la sabiduría que lo identifica, el inquilino de Los Pinos todavía se dio el lujo de explicar que una inflación alta significa que los precios se están elevando considerablemente y, por lo tanto, el ingreso de las familias alcanza para menos. Por el contrario, como ahora ocurre: una inflación baja quiere decir que los precios de los principales productos y servicios que adquieren los mexicanos, prácticamente, no están aumentando.

Pues bien, poco le duró el gusto y los jilgueros enmudecieron, porque casi año y medio después de aquella fiesta, la inflación se multiplicó por tres, y ha superado todas las expectativas y rebasado todas las metas, pero el inquilino de Los Pinos ahora finge demencia temática y permanece en silencio, con todo y que en congruencia –un bicho raro entre los políticos– Peña Nieto tendría que agarrar el micrófono para reconocer que la estabilidad macroeconómica no se ha consolidado, que el avance sostenido de los precios afecta a las familias mexicanas y que las reformas estructurales de los últimos tres años no han servido para mayor cosa ni se han reflejado positivamente en la economía de los mexicanos.

De hecho, una de sus reformas (la energética) potenció la inflación cuando a algún genio de la tecnocracia se le hizo fácil y hasta simpático aumentar de un plumazo hasta 24 por ciento los precios de los combustibles y reinaugurar la temporada de tarifazos eléctricos (los cuales no son inflacionarios, de acuerdo con los genios cara-dura de la Secretaría de Hacienda), es decir, dos de los renglones en los que Peña Nieto se comprometió a que, en adelante, no habría más incrementos. Por el contrario, según decía, el descenso de esos precios y tarifas sería más que notorio, y ello se reflejará en los bolsillos de los mexicanos.

Y se reflejó, sí, pero en riguroso sentido contrario al comprometido. A estas alturas, los precios de los combustibles que se expenden en el país resultan, en promedio, 33 por ciento superiores a los imperantes en el mercado estadunidense (del que México importa la mayor parte de gasolinas) mientras que las tarifas eléctricas superan con creces las prevalecientes en el vecino del norte. Y en el Olimpo tecnocrático son felices jugando al tío Lolo con los centavitos de más o de menos a la hora de llenar el tanque.

Mientras ellos juegan (en realidad saquean) con los bolsillos de los mexicanos, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) no ha podido –con todos sus artilugios de maquillaje– ocultar el avance sostenido de los precios, cuyo promedio anualizado, al cierre de mayo pasado, alcanzó la peligrosa cota de 6.16 por ciento, 2.4 veces más que un año atrás, la más alta en ocho años, cuando menos, y la peor en el transcurso del gobierno que movería a México.

Peor aún le ha ido a los precios de la canasta básica –la de consumo popular el indicador más relevante en materia de pobreza, según definición de José Antonio Meade–, pues la inflación anualizada a mayo se incrementó a 8.48 por ciento, proporción casi 11 veces mayor a la registrada entre el quinto mes de 2015 e igual lapso de 2016. El transporte, por ejemplo, reportó aumento anualizado de 14.31 por ciento, y los alimentos y bebidas no alcohólicas 7.01 por ciento. Los energéticos crecieron 16.09 por ciento, las tarifas autorizadas por el gobierno 8.85 por ciento, y así por el estilo.

Al sector productivo nada bien le ha ido, porque en mayo pasado la inflación anualizada trepó a 8.1 por ciento (1.6 veces más que un año antes), aunque en las actividades industriales llegó a 10.58 por ciento. Así, como diría Peña Nieto, una inflación alta significa que los precios se están elevando considerablemente y, por lo tanto, el ingreso de las familias alcanza para menos.

Pero como el gobierno peñanietista no tiene más que la estrategia retórica, todavía hay funcionarios que salen a decir que las cosas funcionan razonablemente bien, que el poder adquisitivo se recupera y que, en fin, vamos por el rumbo correcto, sin dejar a un lado el machacón discurso de que el megagasolinazo y los tarifazos no son inflacionarios, y/o que el avance sostenido de precios es temporal, pasajero, transitorio y demás clichés, mientras los precios galopan.

Y, en el lenguaje oficial, lo anterior alcanza para todo: la devaluación del peso, la caída del poder adquisitivo, la informalidad, la ausencia de crecimiento y desarrollo, el avance sostenido de la pobreza, la inseguridad, la violencia, el narcotráfico, la corrupción, el desplome de la aceptación de Peña Nieto y lo mucho que se queda en el tintero. Para los ilustres funcionarios todo, absolutamente todo, es temporal, pasajero, transitorio y conexos… salvo los cada vez peores resultados.

Lo mejor del caso es que el gobernador del Banco de México, el ilustre doctor catarrito Agustín Carstens, promete que a finales de 2017 la inflación tendría una tendencia decreciente mucho más clara y para terminar 2018 estaría por debajo del techo de la banda de la institución y con altas posibilidades de ubicarse en niveles de 3 por ciento. En el mejor de los casos su pronóstico indica que la situación se aflojaría una vez que él se instale en Suiza como cabeza visible del Banco de Pagos Internacionales, o lo que es lo mismo cuando deje de ser gobernador.

Las rebanadas del pastel

Dicen que las elecciones en el estado de México son una suerte de prueba adelantada de las presidenciales. Entonces, lo que recién se vio en esa entidad –un cochinero por todas partes– apenas será una botanita de lo que los ciudadanos registrarán en 2018 por la Presidencia de la República.

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