odos reconocen que estamos sumergidos en una profunda crisis, de las más graves de nuestra historia, porque abarca todos los ámbitos de la vida social y de la particular. El hecho de la crisis significa que perdemos las estrellas-guía y nos encontramos en un vuelo ciego sin saber hacia dónde vamos. Nadie hoy puede decir lo que será Brasil en los próximos meses. Por eso no es verdad afirmar que las instituciones están funcionando. Si funcionasen no habría crisis. Funcionan para algunos y para otros son completamente disfuncionales, especialmente para la gran mayoría del pueblo, víctima de reformas sociales que van contra sus anhelos más profundos y, lo que es peor, que implican la retirada de derechos y de conquistas históricas, tal como están previstas en las reformas laboral y de la seguridad social.

El hecho está agravado por la ilegitimidad del presidente, cuya legalidad es discutida y, para muchos, consecuencia de un golpe parlamentario detrás del cual se ocultan, como en otras ocasiones, las oligarquías económicas y los ricos rentistas que controlan gran parte de la economía nacional y que ven amenazada su acumulación perversa.

Nadie puede negar que estamos sumergidos en un caos político que se revela por la supresión de los límites de los tres poderes de la República, cada uno invadiendo la esfera de los otros. Los procuradores, los jueces y las fuerzas policiales que llevan a cabo la operación Lava Jato pasan por encima de preceptos constitucionales, algunos sagrados en todas las tradiciones jurídicas desde el tiempo del Código de Hammurabi (1772 a.C), como es la presunción de inocencia. Las investigaciones de Lava Jato y las delaciones premiadas sacaron a la luz del día lo que se había ido gestando desde hace decenas de años: la red de corrupción que se apoderó del Estado, de las grandes corporaciones y de los parlamentarios, en su mayoría elegidos por las grandes empresas, representando más los intereses de ellas y menos los del pueblo.

Hemos llegado a un punto crítico en que tenemos al frente del Poder Ejecutivo a un presidente acusado de corrupción, rodeado de ministros en gran parte denunciados y corruptos. Tanto el parlamento como el presidente han perdido totalmente la credibilidad, lo que se revela por los bajísimos índices de aprobación popular.

El presidente no muestra ninguna grandeza, víctima de su propia mediocridad y de su vanidad ilimitada. Se aferra al poder sabiendo la desgracia que eso representa para el pueblo y la completa desmoralización de la actividad política. En caso de que renuncie o pierda el cargo en el proceso del TSE, se invoca el artículo 81 de la Constitución –que no es cláusula pétrea, como quieren algunos– que prevé la elección indirecta del presidente por el Congreso.

De las calles y de todos los estratos viene el grito: ¿qué legitimidad tiene un congreso cuando gran parte de él está formada por personas denunciadas por delitos de corrupción? Día a día crece la petición de elecciones directas ya, no sólo de presidente, sino también de todos los parlamentarios. Por lo tanto, elecciones directas generales, ya.

Cuando existe un caos político y sin líderes con capacidad de mostrar una dirección, la solución más sensata es volver al primer artículo de la Constitución, que reza: Todo poder emana del pueblo. Él es el sujeto legítimo del poder político, el poseedor de la verdadera soberanía. Todos los elegidos son representantes legitimados por este poder. Como dice el conocido jurista Nicola Matteucci, de la Universidad de Bolonia: “La soberanía es un poder constituyente, el verdadero poder último, supremo, originario… que se manifiesta solamente cuando está rota la unidad y la cohesión social” (Dicionário de Política, Brasilia, 1986, p.1185).

Pues bien, estamos ante la quiebra de la unidad y de la cohesión social. Ya no hay nada que nos una, ni en los partidos ni en la sociedad. Todo puede ocurrir, como una explosión social violenta, sin excluir una intervención militar, ya ensayada en las manifestaciones populares de Brasilia el día 25 de mayo.

Cuando ocurre tal caos social es la soberanía popular la que debe ser invocada y hacerse valer. Esta es previa a la constitución que prevé elecciones solamente en 2018. Aquí está la base para convocar elecciones directas ya. Nuestra Constitución está cubierta de parches, tantas enmiendas que equivalen a la mitad de su texto. Se está preparando una nueva enmienda constitucional que prevé la anticipación de las elecciones generales para este año. Estas no podrían ser solamente de presidente, sino de todos los representantes políticos.

¿Qué autoridad tendría un presidente, elegido indirectamente, o incluso directamente, manteniendo el actual Parlamento, infectado de mala voluntad y desmoralizado por las acusaciones de corrupción? Junto a esta elección directa, vendría una reforma política mínima que introdujese la cláusula de barrera partidista y regulase las coaliciones para evitar un presidencialismo de coalición, que favoreció la lógica de los amaños y de la corrupción, y por eso no es recomendable. Ese camino sería el más viable y tenemos que apoyarlo.

* Teólogo y filósofo.

Texto publicado originalmente por ALAI.