Monterrey, NL.

Un año después de que el gobernador Jaime Rodríguez Calderón puso en marcha la Operación Tornado para castigar la corrupción del anterior gobierno priísta, que causó al erario estatal daños por al menos 3 mil 600 millones de pesos, la fiscalía asegura que marcha a buen ritmo y pronto mostrará resultados; los implicados señalan que se trata de una persecución política y para los críticos es una pifia con resultados muy pobres.

La Operación Tornado tomó su nombre del caballo favorito del gobernador Rodríguez Calderón, El Bronco, y cuando fue anunciada, el 3 de junio de 2016, se explicó que se investigaría al ex gobernador priísta Rodrigo Medina de la Cruz (2009-2015), a sus ex colaboradores y familiares por peculado, daño patrimonial, ejercicio indebido y abusivo de funciones, así como colusión.

Se integraron al menos 117 expedientes. Las principales acusaciones tienen que ver con los incentivos presuntamente ilegales otorgados a la automotriz coreana Kia para que se asentara en la entidad, así como en la presunta compraventa irregular de terrenos en el municipio de Pesquería, donde se instaló la armadora.

Las autoridades aseguran haber hallado anomalías en las secretarías de Gobierno, Obras Públicas, Educación, Trabajo, Desarrollo Económico, Seguridad Pública y Salud, además de la Tesorería del estado, en los Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey y en el Sistema de Transporte Colectivo.

Otro caso en proceso es la simulación de obras del Sistema Estatal de Caminos y la contratación presuntamente irregular de un despacho jurídico para dar servicios a ex funcionarios de Monterrey, incluida la ex alcaldesa panista Margarita Arellanes.

Las inhabilitaciones aplicadas hasta ahora a 10 ex funcionarios por una década solamente son válidas en Nuevo León. Al menos dos de ellos ya trabajan en gobiernos de otras entidades.

En cuanto a los embargos de bienes, como el de un rancho de Medina de la Cruz en el municipio de General Terán, los procesos siguen detenidos por amparos de los afectados.

En abril se intentó acusar a Medina de la Cruz de enriquecimiento ilícito y se obligó a que su esposa, Gretta Salinas, y su padre, Humberto Medina Ainslie, acudieran a declarar. El proceso sigue abierto.

Para el titular de la Subprocuraduría Especializada en el Combate a la Corrupción, Ernesto Canales Santos, la operación avanza a buen ritmo y pronto presentará mejores resultados y nuevas vinculaciones a proceso.

Metimos a la cárcel al ex gobernador Rodrigo Medina y a dos de sus ex funcionarios y hay muchos de ellos vinculados a proceso. Estamos atacando 100 años de corrupción e impunidad, señaló.

Medina pisa la cárcel... unas horas

Cuando se enteró de las acusaciones en su contra, Medina de la Cruz las calificó de persecución política para mejorar la imagen del nuevo gobierno, cuyo titular prometió combatir la corrupción de manera frontal.

Desconozco el sustento legal, ya que no fui citado por el Ministerio Público, lo que me hubiera permitido responder a las infundadas acusaciones. Sin embargo, el día de hoy se hizo patente que su interés es el escándalo público para distraer la atención de la sociedad de los verdaderos problemas, y no el conocimiento de la verdad, subrayó el ex gobernador en un comunicado.

Tengo la conciencia tranquila y el pueblo de Nuevo León puede estar seguro de que durante mi gestión no cometí alguna conducta indebida, y para ello acudiré a los tribunales competentes, los que reconocerán lo infundado de las acusaciones.

A pesar de la confianza mostrada por el ex gobernador, la Subprocuraduría Especializada en Combate a la Corrupción logró ponerlo tras las rejas a él y a dos de sus colaboradores de segundo nivel. Sin embargo, poco duró el gusto de Canales, pues los tres fueron liberados en menos de 24 horas.

El pasado 26 de enero el ex mandatario fue internado en el penal del Topo Chico. A las 3 horas se le fichó y su fotografía con el traje naranja fue publicada.

La fiscalía trató de vincular a proceso a Medina de la Cruz por los delitos de peculado, daño al patrimonio del estado y ejercicio indebido de funciones, pero solamente logró acreditar el último, según consideró el juez de control.

Sólo les tomó 19 horas a los abogados defensores Alonso Aguilar Zínser y Javier Flores hacer válido un amparo y liberar al ex gobernador, quien demandó al juez que permitió su encarcelamiento.

La fiscalía volvió a la carga y el pasado 26 de mayo dos ex subsecretarios de Egresos de Medina fueron internados en el mismo reclusorio, acusados de daño patrimonial por 51 millones de pesos.

Francisco Valenzuela Castellanos y Salvador Garza Herrera enfrentaron al día siguiente al juez de control, quien decidió que ambos siguieran el proceso en libertad, por considerar que tienen suficiente arraigo en la entidad para intentar huir.

Busca atención mediática: PAN

En opinión del dirigente estatal panista, Mauro Guerra, no podemos hablar de éxito de la operación porque no se ha repuesto el dinero ni se ha castigado a ningún funcionario. Calificó de pifia la operación y consideró que el gobierno de El Bronco busca más ganar titulares en la prensa que estructurar casos con respaldo jurídico.

“Por supuesto que queremos que se castigue a los malos gobernantes y ex funcionarios, pero estas pifias de la fiscalía nos hacen dudar de la seriedad con que el gobierno de El Bronco lleva la lucha contra la corrupción”, dijo el líder panista.

Para Raúl Rubio, activista y académico egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, parece que la fiscalía no prepara a sus abogados porque los casos se les caen; da la impresión de que los arman al vapor, con más ganas de dar un golpe mediático que de tener un caso bien sustentado.

Juan Manuel Ramos, dirigente del grupo Redes Quinto Poder, señaló que una de las promesas que impulsaron a El Bronco como candidato independiente fue precisamente castigar la corrupción del gobierno anterior y hasta ahora no ha cumplido.

Siguen libres y no se ha repuesto ni un peso al erario, así que todo ha quedado en un anuncio mediático, reprochó Ramos.

Para el activista Raúl Rubio el panorama es similar: “Si lo que pretendía el gobierno de El Bronco era salir a ocho columnas con el anuncio de la Operación Tornado, podríamos decir que tuvo éxito en su momento, pero si el objetivo era combatir la corrupción y la impunidad, ha sido todo un fracaso”.