Santo Domingo.

Gran expectativa entre la población dominicana genera hoy la continuación de la vista judicial para decidir probables medidas de prisión preventiva para 10 de 14 acusados de recibir sobornos de Odebrecht. El Frente Amplio de Lucha Popular (Falpo) demandó de la procuraduría ampliar la lista de funcionarios sometidos a la justicia en la que deben incluir los nombres del presidente Danilo Medina y del ex presidente Leonel Fernández, por ser los responsables de las decisiones del actual y el anterior gobiernos. El fiscal general de Ecuador, Carlos Baca, volvió a Brasil para continuar la investigación del caso de corrupción de Odebrecht.

Baca realizó este viaje acompañado de un equipo técnico que trabajará con expertos brasileños para obtener información relacionada con la pesquisa. La semana pasada estuvo en Brasilia, donde se reunió con altos funcionarios de la Procuraduría General.

A su regreso, el magistrado anunció la detención de seis personas relacionadas con el caso, bajo investigación por el presunto pago de sobornos de la constructora a cambio de adjudicación de obras, en el periodo 2007-2016. Las aprehensiones se realizaron luego de allanamientos en varios inmuebles de Quito, Guayaquil y Latacunga.

Dos dirigentes de Falpo, Grabiel Sánchez y Pablo Estévez, aseguraron en conferencia de prensa que la lista de sospechosos no estaría completa si en ella no incluyen los nombres de los principales funcionarios del actual gobierno que aprobaron contratos.

En tanto se espera el juicio, uno de los acusados, el senador Julio César Valentín, solicitó al presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, que le retire la inmunidad parlamentaria para responder ante el tribunal.

En conferencia de prensa realizada en el Colegio Dominicano de Periodistas, donde asistió junto a su abogado, Jorge Luis Polanco, Valentín añadió que no apelará a su condición de senador para eludir los requerimientos que le haga la justicia.

Aseguró que irá ante el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, a responder las imputaciones que se le hacen tan pronto sea convocado, y dijo que el patrimonio que le atribuyen no se corresponde con la realidad.

Explicó que los 29.7 millones de pesos que el Ministerio Público dice forman parte de su patrimonio pertenecen realmente a su esposa, y son el fruto de la participación de los bienes que recibió de la separación de un matrimonio anterior. Aclaró que su patrimonio real es de 20.2 millones de pesos (432 mil dólares), y no 49.9 millones de pesos (un millón 68 mil dólares) como dice la procuraduría.

También agregó que los cinco vehículos que le atribuyen no son de su propiedad y para demostrarlo solicitó una certificación a la Superintendencia de Seguros.

En la sesión del juicio que continúa este martes, similares argumentos podrán ser también expuestos por los abogados que defienden a los demás acusados, que en todos los casos muestran patrimonios muy superiores a los declarados.

El Ministerio Público ha presentado pruebas de lo que dicen los documentos enviados por las autoridades brasileñas, algo que no había sido compartido con la defensa, lo que obligó a posponer para hoy esta vista preliminar que decidirá posibles medidas cautelares y la celebración o no de un juicio de fondo sobre este entramado de corrupción.

Los detenidos son Juan Temístocles Montás, del Comité Político del PLD y ministro de Industria y Comercio; Víctor Díaz Rúa, tesorero del PLD y ex ministro de Obras Públicas; Radhamés Segura, del Comité Político del PLD y ex vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatalesm (CDEEE).

Están Andrés Bautista, presidente del PRM y ex presidente del Senado; César Sánchez, otro ex vicepresidente de la CDEEE; Roberto Rodríguez, ex senador y ex director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados y Ruddy González, ex vocero de los diputados del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).