Petróleos Mexicanos (Pemex) debe hacer público el contrato que celebró con la empresa constructora Odebrecht, implicada en una serie de escándalos de corrupción y sobornos para adquirir contratos en varios países de América Latina, entre ellos México.

Así lo resolvió el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), el cual agregó que Pemex Transformación Industrial también debe entregar versión pública de los dos convenios modificatorios derivados del mismo contrato y sus anexos.

Esto se da tras la solicitud de un particular de publicitar ese contrato y su inconformidad ante la negativa de Pemex de entregar los datos, ya que había reservado dicha información.

Se ha documentado a escala internacional que la constructora brasileña pagó más de 400 millones de dólares en sobornos a funcionarios, legisladores y políticos de países de la región, quienes le habrían dado ventajas para obtener negocios.

De acuerdo con las revelaciones, esto le habría generado a la empresa más de mil 400 millones de dólares en ganancias. Por ello, muchos ex directivos de la compañía brasileña se encuentran en prisión.

En el caso de México, entre 2011 y 2014 (durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto) Odebrecht habría sobornado a funcionarios con 10.5 millones de pesos para obtener beneficios mayores a los 2 mil 200 millones.

Rendición de cuentas

Al presentar el caso ante el pleno del Inai, el comisionado Joel Salas Suárez subrayó: Las instituciones públicas mexicanas involucradas deben rendir cuentas sobre los convenios y contratos que sostuvieron con la constructora brasileña, así como sobre los avances que se tienen en dichas investigaciones.

De acuerdo con información dada a conocer ayer por ese instituto, el comisionado explicó que si bien no se ha comprobado la existencia de irregularidades en los contratos entre instituciones mexicanas con Odebrecht, por las declaraciones del ex director de la empresa, así como las investigaciones y acciones penales en otros países, existen indicios para considerar presuntas anomalías.

Ofrecer a los mexicanos no sólo información, sino certeza de que en su caso se sancionará y se repararán los daños, fortalecerá el proceso de implementación del Sistema Nacional Anticorrupción y demostrará que el Estado mexicano en su conjunto realmente va en serio contra la lucha y control de la corrupción.

Previo al análisis del caso, la ponencia del comisionado Salas Suárez tuvo acceso a la información clasificada, hecho a partir del cual se verificó que el contrato original se celebró por un monto de mil 436 millones de pesos y que tuvo dos convenios modificatorios, el primero, por 358 millones 230 mil 313 pesos adicionales, y el segundo, por 521 millones 53 mil 281 pesos.

Finalmente, se advirtió que la documentación solicitada se relaciona con las indagaciones a cargo de la Procuraduría General de la República y la Secretaría de la Función Pública, iniciadas a partir de la investigación internacional, en la que está involucrada la empresa por corrupción.

Los mexicanos tienen derecho a conocer tanto el avance de las investigaciones, como, en su caso, las sanciones impuestas a los responsables, subrayó el comisionado del Inai.