La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) por uso excesivo de la fuerza por parte de un elemento de la Policía Federal (PF), que derivó en la muerte de una persona en hechos ocurridos el 26 de abril de 2014, en la carretera Toluca-México, a la altura de la caseta de cobro de La Marquesa.

En la recomendación 19/2017, el organismo encontró elementos que acreditan violación al derecho humano a la vida, ante el uso excesivo de fuerza atribuible al servidor público.

El policía hizo uso excesivo de fuerza al disparar en una ocasión y privar de la vida al conductor de un vehículo, luego de que éste no atendió las indicaciones de detener la marcha del automóvil y huyó a lo largo de 10 kilómetros, hasta que fue interceptado por la patrulla que le cerró el paso.

Las diligencias ministeriales que obran en la averiguación previa del caso señalan que la víctima estaba desarmada y tampoco se encontró arma alguna en el vehículo, por lo cual los agentes federales no corrían peligro de ser agredidos

La recomendación de la CNDH destaca, conforme a diversas declaraciones y dictámenes, que la víctima no representó un peligro real e inminente, ya que siempre permaneció con las manos al volante. Los exámenes toxicológicos fueron negativos en todos los casos.

Los hechos, registrados en la recomendación de 39 cuartillas y dirigida al titular de la CNS, Renato Sales Heredia, indican que la víctima era acompañada por un hombre, quien iba sentado en el lugar del copiloto, y una mujer, que ocupaba el asiento trasero.

Fueron perseguidos por una patrulla y a pesar de los llamados para detener el vehículo continuó su marcha, hasta que les fue cerrado el paso por la patrulla de la cual descendieron dos uniformados que se situaron a los lados del vehículo detenido.

El policía que se colocó del lado del copiloto accionó su arma de cargo en una ocasión contra el conductor, ocasionándole la muerte, sin efectuar un procedimiento adecuado para conminarlo a obedecer las órdenes de un agente de la autoridad.

Días después de los hechos, al elemento policiaco se le dictó formal prisión por el delito de homicidio calificado y auto de libertad por el ilícito de homicidio en grado de tentativa en agravio de los acompañantes. Tras dos años y medio de proceso, el 20 de octubre de 2016 se dictó sentencia imponiendo una pena de 30 años de prisión, resolución que fue impugnada y todavía se encuentra pendiente de resolver.