as elecciones estatales efectuadas ayer en el estado de México se encaminaban, con la información disponible al cierre de esta edición, hacia un conflicto poselectoral por la vía judicial. Ello es así porque, poco después de que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) reclamaron el triunfo para sus candidatos, Alfredo del Mazo Maza y Delfina Gómez Álvarez, respectivamente el presidente del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), Pedro Zamudio, divulgó un conteo rápido no oficial
y que sólo marcaba una tendencia
, en el que el priísta tendría una ventaja de dos puntos porcentuales sobre la ex alcaldesa de Texcoco. Minutos más tarde, el presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, calificó de descontón
el anuncio del IEEM, señaló que los resultados del ejercicio no corresponden a la realidad
y anunció que su partido no lo acepta.
Las anticipaciones a los resultados finales de la jornada electoral –en la que también se realizaron elecciones estatales en Coahuila y Nayarit y municipales en Veracruz– arrojan, de manera irremediable, la sombra de la sospecha sobre ellos. A la luz de lo ocurrido en las últimas horas de ayer, cabe dudar que los candidatos punteros vayan a aceptar las cifras finales, sean cuales sean.
Tal circunstancia resulta particularmente preocupante en el caso del estado de México, la entidad con mayor número de votantes en el país, y en cuyo proceso electoral se prefiguran los comicios presidenciales del año próximo.
Y, a menos que se presente el escenario improbable en el que uno de los contendientes acepte los números finales de la elección, el curso previsible es una querella legal de resultados inciertos en la que tendrá que intervenir el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Tal perspectiva es del todo indeseable, si se considera que los dos comicios presidenciales anteriores (2006 y 2012) han terminado en esa instancia judicial a la que debería recurrirse por excepción, lo que habla a su vez de la nula capacidad de los procesos electorales regulares de arrojar resultados confiables, verosímiles y aceptables para todas las partes, algo que debería ser parte de la normalidad democrática.
En suma –y a reserva de comentar en este espacio lo ocurrido ayer en Coahuila, Nayarit y Veracruz–, son los comicios mexiquenses los que marcan la tendencia de la institucionalidad y los procesos electorales, y lo sucedido allí indica que sigue su curso el grave deterioro por el que ambos atraviesan y que el país posee una democracia disfuncional.
