El gobierno federal ha ignorado las 80 recomendaciones que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le formuló en 2015 sobre seguridad ciudadana y justicia, sobre todo en relación con establecer un plan para el retiro gradual del Ejército del combate al narcotráfico y fortalecer la protección a periodistas, advirtió el senador perredista Raúl Morón.

Lamentó que pese a la importancia del tema, la Comisión Permanente del Congreso haya frenado la propuesta para demandar a la administración de Enrique Peña Nieto un informe sobre el avance en esas recomendaciones relacionadas con violaciones graves de derechos humanos.

Hizo notar que en el caso de los periodistas, en esas recomendaciones que formuló hace dos años la CIDH llamó al gobierno mexicano a desarrollar una política de prevención de violaciones de derechos de comunicadores y activistas, así como fortalecer el mecanismo creado para protegerlos.

El organismo internacional consideró necesario garantizar que ese mecanismo de protección contara con los recursos financieros necesarios, a fin de que fuera sostenible a largo plazo, además de dotarlo de mayor autonomía administrativa.

La CIDH recomendó además que el mecanismo considerara evaluar la adopción de medidas de protección diferenciadas teniendo en cuenta, por ejemplo, el género, y llevar a cabo mediciones sobre la efectividad de las medidas implementadas, así como fomentar la articulación y cooperación institucional con la Procuraduría General de la República (PGR).

Morón resaltó que nada de ello se ha cumplido, ya que sólo después del asesinato de varios comunicadores este año, entre ellos los corresponsales de La Jornada, Miroslava Breach y Javier Valdez, se decidió dotar de recursos a ese mecanismo, ya que el presupuesto no lo tenía contemplado en este 2017.

Expuso que la Permanente cambió el sentido de su propuesta, a partir de un dictamen elaborado por la Primera Comisión de ese organismo, que encabeza la priísta Graciela Ortiz, en el que sólo se pide al gobierno federal seguir cumpliendo con las recomendaciones de la CIDH.

Eso es absurdo, porque el organismo internacional, en el informe correspondiente a 2016 resaltó que esas recomendaciones han sido prácticamente ignoradas, recalcó el legislador michoacano.

Explicó que la mayor parte de esas recomendaciones en materia de seguridad ciudadana y de acceso a la justicia” no han sido atendidas todavía por el gobierno mexicano con la profundidad debida. La principal, desarrollar un plan concreto para el retiro gradual de las fuerzas armadas de tareas de seguridad pública y para la recuperación de éstas por parte de las policías civiles.

Asimismo, asegurar que en casos de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y tortura, las líneas de investigación no sólo respondan a la autoría material, sino que incluya la responsabilidad de la cadena de mando.

La CIDH insistió en que el gran desafío del Estado mexicano radica en romper el ciclo de impunidad imperante a fin de lograr una efectiva prevención, investigación, procesamiento y sanción de los responsables de violaciones de derechos.