Pese a que diversos estudios apuntan a que recortar el gasto en inversión frena el desarrollo económico del país, en México ha decrecido en promedio 4 por ciento anual en términos reales desde 2009, según cifras oficiales.

De acuerdo con un análisis del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados, la reducción en el gasto en inversión se traduce en un déficit de infraestructura económica, pues deriva en carreteras insuficientes o en malas condiciones, generación de energía deficiente, escasez de puertos y aeropuertos, así como malos sistemas de salud y educativos.

El análisis destaca que cuando el gobierno recorta el gasto en inversión el sector privado tiende a cubrir los proyectos más rentables en detrimento de los que además tienen un fin social.

Esto afecta directamente la competitividad de la economía, pues deprime la productividad, incrementa los costos de transacción, reduce la eficiencia del capital humano, e inhibe la atracción de capitales, puntualiza el reporte.

Sin embargo, también la inversión privada ha ido cayendo de manera preocupante desde la crisis económica de 2008-2009, y en últimas fechas debido a la menor confianza de los empresarios ante la incertidumbre que generan las políticas económicas del gobierno estadunidense, de acuerdo con un análisis del Banco de México.

En su informe correspondiente al primer trimestre del año, el banco central advierte que el continuo crecimiento de la economía mexicana en años recientes podría estar presentando ciertos desbalances, debido a que el consumo interno se ha mostrado relativamente dinámico, mientras la inversión privada ha presentado una prolongada atonía.

Esta composición podría no ser sostenible en el mediano plazo, en particular debido a que, de extenderse la debilidad de la inversión, el crecimiento potencial de México podría verse adversamente afectado, alerta el organismo.

Por ello califica de imperativo que el país propicie condiciones que permitan la recuperación de la confianza de los empresarios y conduzcan a una mayor inversión, además de seguir fortaleciendo el estado de derecho, de tal modo que la corrupción y la inseguridad no sean obstáculos para una mayor inversión y, por lo tanto, se conviertan en lastres para el desarrollo productivo del país.

De acuerdo con cifras oficiales, mientras en 2009 el gasto público de inversión representó 25.5 por ciento del total del gasto programable, en 2017 significa apenas 16.5 por ciento del mismo; es decir, nueve puntos menos.

En dicho lapso de ocho años (de 2009 a la fecha) también se ha registrado una importante caída del gasto de inversión como proporción del producto interno bruto, al pasar de 4.9 por ciento a sólo 2.8 por ciento.

Tan sólo en los tres primeros meses de este año más de la mitad del gasto programable no ejercido por el gobierno federal correspondió a inversión y con respecto al mismo trimestre del año pasado, ésta registró una disminución de 21.7 por ciento a tasa real, la mayor caída en los pasados ocho años.

El análisis del CEFP destaca que el gobierno federal controla el gasto público bajo el argumento de que una política expansiva de gasto es inflacionaria e induce el desplazamiento de la inversión privada, además de que genera incertidumbre y volatilidad, convirtiéndose al final en un obstáculo para el crecimiento económico.

Bajo ese esquema, el gobierno sostiene que la principal meta de la política económica es preservar las finanzas públicas sanas para lograr la estabilidad macroeconómica, que se considera la base para el crecimiento sostenido y la eventual reducción de la pobreza.

Sin embargo, sostiene que la contracción de la inversión pública ha repercutido en el bajo crecimiento económico del país, el cual se refleja en la falta de empleo y oportunidades, en especial para la población joven.