Santiago.

Un juez dictó ayer a 106 ex agentes de la dictadura militar chilena penas de entre 541 días y 20 años de prisión por el secuestro y desaparición de 16 izquierdistas en el contexto de la llamada operación Colombo, informó este viernes el Poder Judicial.

Dicha operación fue un apéndice del Plan Cóndor, ejecutado por las dictaduras de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, que consistía en el intercambio de información y prisioneros.

Los 16 izquierdistas integran una lista de 119 personas cuyos nombres aparecieron publicados el 25 de junio de 1975 en la revista Novo O’Dia, de Brasil, y el 15 de julio del mismo año en el semanario Lea, de Argentina, como parte de un montaje para hacer creer que los chilenos habían fallecido durante enfrentamientos con agentes argentinos o por rencillas internas.

Las investigaciones judiciales demostraron que ninguno de los 119 abandonó Chile y fueron secuestrados en diversos operativos de la Dirección Nacional de Inteligencia, responsable de las peores violaciones a los derechos humanos en Chile tras el golpe militar de septiembre de 1973.

El juez Hernán Crisosto sostuvo en su fallo que la operación Colombo, posiblemente, es uno de los más graves y emblemáticos operativos represivos y con mayor compromiso institucional y estatal. Lo que vino después también es historia conocida y repetida: una persistente conducta de ocultamiento del compromiso estatal con esos alevosos crímenes.

Crisosto condenó a 72 ex agentes a diferentes penas por ser autores de los secuestros y posterior desaparición de los izquierdistas, así como por complicidad fueron sentenciados 34 represores.

En tanto, el juez suspendió a tres ex agentes su deber de cumplir la condena por su deteriorado estado de salud física y mental, y dispuso que sean entregados a sus familiares.

El magistrado fundamentó esa decisión en un artículo del código de procesamiento penal utilizado en abril por otro juez para liberar a uno de los torturadores y asesinos del general de la fuerza aérea Alberto Bachelet, padre de la actual presidenta Michelle Bachelet.

Activistas de derechos humanos y familiares de las víctimas del régimen de facto de Augusto Pinochet (1973-1990) temen que los parientes de los poco más de 120 criminales de lesa humanidad que actualmente cumplen condena apelen contra el mismo artículo, que también considera la edad de los encarcelados.

La sentencia es de primera instancia, por lo que puede ser impugnada ante la corte de apelaciones. Decenas de ellos ya cumplen otras condenas por violaciones a los derechos humanos en un penal especial para criminales de lesa humanidad, cuyas condiciones son muy cómodas en comparación con los reclusorios para delincuentes comunes.