La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que los defensores públicos bilingües adscritos al Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) pueden ser designados como peritos prácticos en lenguas y culturas indígenas en un proceso penal.

Al resolver el amparo en revisión 913/2016, la primera sala destacó que no hay impedimento para designar a los defensores públicos bilingües como intérpretes, cuando no sea posible encontrar un perito oficial.

Los ministros expusieron que esa designación es constitucional y legalmente posible incluso cuando el inculpado sea asistido por un defensor particular. Consideraron que tal caso responde a la obligación del Estado de garantizar a indígenas una defensa adecuada.