En México, 32 mil 218 personas están reportadas actualmente como no localizadas, de acuerdo con las estadísticas desponibles.

Es la primera vez que se rebasa el número de 32 mil casos, tanto del fuero común (casi 97 por ciento del total) como del federal, de acuerdo con el corte estadístico más reciente, del 30 de abril pasado, difundido por el Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación.

La ley que incluye elementos para detener la curva ascendente de este registro fue aprobada en el Senado de la República el último día del periodo ordinario de sesiones que concluyó, precisamente, el 30 de abril, pero falta que la ratifique la Cámara de Diputados.

Por ahora, cinco entidades (Tamaulipas, estado de México, Jalisco, Nuevo León y Sinaloa) concentran 55 por ciento del rezago en procuradurías y fiscalías locales, mientras que en los asuntos federales, que son responsabilidad de la Procuraduría General de la República (PGR), el mayor número de casos ocurrió o fue registrado en Guerrero, seguido por Veracruz y Tamaulipas.

En el corte estadístico anterior (enero de 2017), la suma nacional fue de 30 mil 942 casos de personas no localizadas o desaparecidas. Es decir, en un trimestre hay mil 276 registros adicionales.

Los datos disponibles no permiten esclarecer cuántas personas fueron localizadas y habrían sido dadas de baja del recuento oficial; tampoco se sabe cuántos expedientes son nuevos.

Lo cierto es que en lo que va del sexenio, el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (alimentado con base en el número de denuncias presentadas ante la autoridad ministerial) ha ido invariablemente en aumento. En dos años y medio, la lista creció en poco más de 8 mil 500 nombres.

En noviembre de 2014 había 23 mil 603 personas no localizadas y ahora hay 32 mil 218: la mayoría (22 mil 871) son hombres y mexicanos (28 mil 880), así como población joven.

En el primer cuatrimestre del año autoridades locales reportaron mil 453 personas en esa situación y la PGR 39.

El principal rezago se ubica en 2011 (4 mil 119 expedientes) y 2016 (4 mil 732), aunque a escala federal destaca 2014, con 240 casos, incluidos los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, presuntamente levantados por policías municipales para entregarlos al crimen organizado.

Sin embargo, en la estadística no hay más detalles; sólo se expone, para los casos a cargo de las procuradurías y fiscalías estatales, el acumulado local: Tamaulipas, 5 mil 657 casos; estado de México, 3 mil 754; Jalisco, 2 mil 744; Nuevo León, 2 mil 501, y Sinaloa, 2 mil 444.

Las autoridades han señalado que en la lista de 32 mil 218 casos podría haber migrantes, fallecidos e incluso gente que abandonó su hogar en forma voluntaria.

La ley que podría ratificar la Cámara de Diputados incluye un sistema nacional de búsqueda y una comisión nacional respectiva, coordinada por la Secretaría de Gobernación.

También hay elementos nuevos, como la declaración especial de ausencia, la creación de fiscalías especializadas y grupos de búsqueda.

Con base en lo anterior, el registro nacional de desaparecidos tendría qué detallar cuando se presume el hecho relacionado con la comisión de un delito.

La ley general de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares obliga a elaborar un registro nacional de fallecidos, así como otro de fosas, entre otros factores diseñados con la finalidad de detener y combatir ese flagelo.