Buenos Aires.

Los escándalos de corrupción que afectan al gobierno del presidente argentino, Mauricio Macri y la falsificación de datos con que varios funcionarios, intentan encubrir la gravedad de la crisis económica política y social en el país, aumentan cada día, como la revelación de la verdadera causa por la cual el mandatario decidió despedir recientemente al respetado procurador del Tesoro, Carlos Balbín, cuando éste abrió un sumario por el escándalo de la condonación de los intereses de la deuda que la empresa Correo Argentino SA –del grupo Macri- mantiene con el Estado.

El portal Nuestras Voces dio a conocer la auditoría que permitió a Balbín establecer en detalles las estrategias dilatorias del Grupo Macri para no afrontar una deuda que ya tiene 16 años.

Entre otros elementos que cita el portal se destaca la desidia del Estado –que no solicitó nunca la quiebra de la empresa- y el aval que le concedió la justicia, que no intervino para resolver la situación.

La acción del gobierno con el procurador es la misma que se toma contra los jueces independientes o que llevan causas que afectan al gobierno, como la de los Papeles de Panamá, o el caso Odebrechet y otros cuyas investigaciones se obstaculizan y los magistrados terminan en la lista negra denunciada por varios medios locales.

En este marco, la ex titular de Aerolíneas Argentinas, Isela Costantini rompió el silencio y dijo que no renunció por razones personales sino por las presiones del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich. El desafío que ella se había puesto para Aerolíneas Argentinas, según explicó fue sanear la empresa y lograr que fuera reconocida a nivel internacional, que realmente tuviera su espacio a nivel global.

Lo realizado desde que Costantini dimitió en diciembre de 2016 explica que en realidad la propuesta gubernamental es volver a privatizar la empresa recuperada por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que se estaba imponiendo en el mundo al retomar sus rutas de línea de bandera.

Yo tenía una forma muy diferente a la que tenía mi jefe a la hora de enfrentar un problema, cómo manejarlo y eso genera un desgaste, dijo Costantini, quien logró el respeto de sectores gremiales aeronáuticos ya que no se prestó a hacer ajustes en el personal.

Por su parte, la Central de Trabajadores Argentinos (CTA Autónoma) denunció al ministro de Trabajo, Jorge Triaca ante la sede de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) en esta capital por discriminación y persecución sindical en el despido de trabajadores tercerizados de limpieza que fueron incluidos en una lista negra por su participación gremial. Más allá de la irregularidad del trabajo tercerizado y precarizado en el propio Ministerio de Trabajo, acá se despidió deliberadamente a quienes habían participado de las protestas, afirmó José Peralta, secretario general de la CTA Capital ya que en la lista de despedidos figuran los tres delegados del Sindicato de Trabajadores de Maestranza y Mantenimiento (Sitmma) y otros que habían participado activamente de las protestas. Está a la vista que son despidos acompañados por discriminación y persecución sindical

Persecución política

Todos los datos que surgen en las últimas horas contra jueces y la ex presidenta Fernández de Kirchner y su familia se han instalado a través de los medios de comunicación masivos, que han recibido enormes beneficios del gobierno macrista como sucede con el poderoso Grupo Clarín y otros.

Los representantes del macrismo en el Consejo de la Magistratura fracasaron este jueves en su intento de iniciar juicio político al camarista Eduardo Freiler y pidieron la postergación sin fecha para tratar ese expediente. El oficialismo no contó con la mayoría necesaria para aprobar el mismo dictamen acusatorio que fue tildado por parte de la oposición como una revancha por los fallos que el magistrado dictó contra algunos sectores del poder económico y mediático.

Pero lo más grave es que ante la falta de pruebas de la serie de denuncias contra la ex presidenta, que arrasa en las encuestas por las próximas elecciones legislativas en las que gran parte del peronismo la propone encabezando la lista en la provincia de Buenos Aires, funcionarios del gobierno han expresado que debe ir presa y se apresuraron a pedir que se le indague, en causas donde no existen pruebas. Varios expresaron abiertamente como una orden que debe ir presa. Todo un mensaje para los jueces en las causas contra la mandataria, su familia y funcionarios curiosamente va a parar a manos de Claudio Bonadío, el obsesivo perseguidor durante el gobierno de Fernández de Kirchner.

Y también han resucitado el caso de la muerte del fiscal Alberto Nisman, que los peritos de la corte y otros de los más importantes del país determinaron como suicidio. Pero ahora quieren acusar a la ex mandataria, al ex canciller Héctor Timerman por supuesta traición a la patria por haber firmado un Memorándum de Entendimiento con Irán en 2013, que era una importante acción diplomática para que los jueces locales de la causa por el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) ocurrido en 1994, viajaran a tomar declaración en Teherán a los imputados por Estados Unidos e Israel, sin pruebas, como responsables del hecho. Esto hubiera permitido por primera vez hablar con los acusados tratando de cerrar este tema doloroso.

El memorándum fue aprobado por el Congreso, pero Israel se puso a la vanguardia de la campaña y hasta hubo un intento golpista en febrero de 2015, donde los fiscales y jueces que hoy son la avanzada del gobierno de Macri, intentaron inculparla, a pesar de que la denuncia que había presentado Nisman, no tenía ninguna consistencia jurídica, ni configuraba delito el memorándum.