La Comisión Permanente del Congreso demandó a la Secretaría de Gobernación que coordine una mesa interinstitucional en la que participen los gobiernos federal y estatales para garantizar que las mujeres afrodescendientes que habitan en el país tengan derecho a la salud, la educación, el trabajo y los servicios públicos, y se combatan la discriminación y el racismo que enfrentan cotidianamente.

La diputada priísta Carmen Pinete Vargas destacó en tribuna que hay más de 1.4 millones de afrodescendientes en el país, 15.7 por ciento de los cuales no sabe leer ni escribir. Su nivel promedio de escolaridad es de siete años, que equivale al primer año de secundaria, y sólo cuatro de cada 10 adultos son económicamente activos.

Por si fuera poco, denunció ante el pleno la diputada, las mujeres afrodescendientes se encuentran en una desventaja todavía más pronunciada, son muchos los casos en los que han sido víctimas de esterilización sin su consentimiento en unidades de salud públicas, o que se les ha negado el acceso a métodos anticonceptivos.

Además, no cuentan con acceso a esquemas de financiamiento y asesoría para desarrollar proyectos productivos, y requieren de mayor apoyo para erradicar la violencia contra ellas y gozar de las facilidades y del acceso a la justicia.

La priísta Diva Hadamira Gastélum, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Senado, destacó que hay un gran movimiento, se llama Mujeres Negras, y esta organización ha hecho grandes cosas, ha puesto en la agenda de los derechos humanos uno de los temas más importantes, como es el reconocimiento en la población afrodescendiente.

Se han hecho tres o cuatro foros, explicó Gastélum, “donde se les ha dado la voz a la población afrodescendiente, y las quejas son muy fuertes.

La población mexicana afrodescendiente se ubica en el estado de México, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco.