n frente menor de conflicto entre la Casa Blanca y la Unión Europea es el afán de Washington de prohibir el ingreso de computadoras portátiles a la cabina de los vuelos comerciales, restricción que Estados Unidos mantiene para los viajes que llegan a su territorio desde varios países de Medio Oriente y que, por lo pronto, ha decidido no aplicar al viejo continente, a reserva de activarla si la inteligencia y el nivel de amenazas lo justifican
. Según dijo la semana pasada el secretario de Seguridad Interior del gobierno de Donald Trump, John Kelly, los terroristas están obsesionados con derribar un vuelo comercial
y, a decir de los servicios secretos estadunidenses, los dispositivos referidos podrían ser utilizados para camuflar explosivos con tal propósito.
Independientemente del curso que tome esta discusión y de la decisión final de Washington al respecto, la prohibición de laptops a bordo de las aeronaves de línea –además de tablets, reproductores portátiles de video y aparatos de dimensiones mayores a los de un teléfono celular– hace pertinente repasar el endurecimiento de las medidas de seguridad en el tránsito aéreo mundial en los recientes tres lustros.
Cabe recordar a este respecto que a raíz de los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra el World Trade Center de Nueva York y el edificio del Pentágono, en Washington DC, el gobierno de George W. Bush impuso severos controles en todos los vuelos de salida y llegada al territorio estadunidense y presionó a las autoridades internacionales que regulan el tráfico aéreo para extender tales controles al resto del mundo. De manera inexplicable, prácticamente todos los gobiernos se plegaron a tales exigencias, por más que sus respectivos países estuvieran exentos de ser blanco u origen de ataques como los del 11 de septiembre.
Así, las revisiones exhaustivas en vuelos locales e internacionales, al igual que prohibiciones tan arbitrarias como las de transportar líquidos a bordo se volvieron moneda corriente, lo que encareció los viajes, incrementó los tiempos en los aeropuertos, multiplicó las incomodidades que deben sufrir los viajeros y, de paso, generó un enorme mercado de productos y servicios de revisión, escaneo, vigilancia y supervisión de pasajeros.
Incluso si se da por hecho que el territorio estadunidense sigue padeciendo el peligro de un atentado como los de hace casi 16 años, ello no justifica que las medidas de seguridad diseñadas para hacer frente a un riesgo semejante se apliquen en forma rutinaria en vuelos locales en Argentina, Sudáfrica o México. En cambio, esos controles incrementan la indefensión de los viajeros y abonan un terreno propicio para toda suerte de atropellos en su contra.
Pero si resulta inexplicable que los gobiernos se hayan plegado a las exigencias de seguridad aérea de Washington –y lo sigan haciendo ante cada nueva disposición en este terreno–, igualmente incomprensible es que los consumidores del transporte aéreo, especialmente los de las naciones más prósperas, hayan aceptado en forma tan sumisa esquemas de control que violentan sus derechos.
Sería deseable, por último, que las autoridades nacionales dispusieran de organismos de inteligencia más eficaces y capaces de neutralizar amenazas potenciales aisladas, en lugar de someter a la generalidad de los usuarios de líneas aéreas a una sospecha masiva, automática y contraria a los derechos al libre tránsito, la privacidad y la presunción de inocencia.
