Ecatepec, Méx.

Periodistas mexiquenses entregaron a los candidatos a la gubernatura el documento Compromiso por las libertades de expresión e información, con 10 propuestas y peticiones, entre ellas retomar la discusión de una ley de protección al ejercicio periodístico en la entidad, aplicar protocolos para la protección del trabajo de los medios y garantías de seguridad y libertad.

El texto fue recibido y firmado por los cuatro principales abanderados: Delfina Gómez Álvarez, de Morena; el priísta Alfredo del Mazo Maza; el perredista Juan Zepeda Hernández y la panista Josefina Vázquez Mota.

La misiva fue redactada y respaldada por casi un centenar de reporteros, corresponsales, fotógrafos y camarógrafos de medios de comunicación locales, estatales y nacionales que trabajan en el estado de México, la entidad más poblada del país, con alrededor de 17 millones de habitantes.

Los informadores sostienen que el derecho a la información y la libertad de expresión son indispensables para la construcción de sociedades mejor informadas y democráticas. Sin embargo, tales prerrogativas no se han consolidado en el país, ni en el estado de México; en cambio, ominosos acontecimientos indican que se camina en sentido contrario, pues la violencia predomina, lo que ha derivado en el asesinato de informadores en todo el país y en una mayor vulnerabilidad de quienes ejercen esta profesión, agrega.

En el documento de 10 puntos, los comunicadores proponen que en la discusión de la ley de protección al ejercicio periodístico se incluya una convocatoria abierta a los ciudadanos y se establezca una metodología para la presentación de propuestas.

Al margen de la discusión y eventual aprobación de dicha ley, en los distintos niveles de gobierno (estatal, municipal y federal) deben crearse e instrumentarse protocolos y mecanismos para la protección del ejercicio periodístico, con el fin de generar una política pública transversal en materia de libertad de expresión, plantean.

Las dependencias y áreas gubernamentales enfocadas a la seguridad pública y a la procuración y administración de justicia deberán garantizar que sus servidores públicos estén capacitados en materia de libertad de expresión y derecho a la información, además de evitar agresiones a representantes de medios de comunicación o ciudadanos que ejerzan estas garantías constitucionales, demandan.