La Secretaría de Gobernación (SG) dijo que una de las prioridades en la creación y/o ampliación de las unidades estatales de atención a periodistas y defensores de derechos humanos es generar acciones especializadas de detección de riesgos y atención a víctimas.

El objetivo anunciado la semana pasada por el presidente Enrique Peña Nieto es amplio si se considera, acorde con datos internos de la SG, que actualmente sólo dos entidades (Ciudad de México y Veracruz) cuentan con instancias creadas específicamente para la protección de estos grupos.

En el resto de los estados del país, Gobernación sólo trabaja con ‘‘enlaces operativos’’ regularmente a cargo de las secretarías de Gobierno y, en menor medida, de áreas de seguridad pública. Y son también las entidades en referencia donde reside el mayor número de beneficiarios del mecanismo federal para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Es en la capital del país y en territorio veracruzano donde se ubica la mayoría de los comunicadores en riesgo.

Fuentes de Gobernación indicaron que el objetivo no es crear más burocracia, sino construir con personal especializado unidades de detección de riesgos, a fin de que se puedan evitar los ataques y, en tal caso, generar también una estructura eficiente de atención a víctimas.

Actualmente, el mecanismo federal, cuya principal responsabilidad recae en instancias adscritas a la SG, protege a 538 personas: 196 periodistas y 342 defensores de los derechos humanos. Por entidad, 35 comunicadores residen en Ciudad de México, 31 en Veracruz, 15 en Guerrero y 11 en Tamaulipas.

Como se ha dicho, la principal agresión procede de instancias gubernamentales o servidores públicos, y la constante es la amenaza, aunque en el caso de los periodistas ha habido nueve secuestros desde la creación y puesta en marcha del mecanismo, hacia finales de 2012.

Organismos públicos de derechos humanos señalan que en lo que va del año en curso siete periodistas han sido asesinados; diversas instancias civiles nacionales e internacionales advierten el principal rasgo de la problemática: casi todos los casos siguen impunes.

La semana entrante sesionará la junta de gobierno del mecanismo, su máxima instancia de decisión. Mientras tanto, funcionarios de Gobernación recogen opiniones de diversos sectores.

Ayer tocó el turno a asociaciones de periodistas convocados por la Fundación Fernando Mora, quienes se reunieron con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián. El funcionario subrayó la necesidad de reforzar los órganos locales encargados de proteger a los periodistas, especialmente en las situaciones de mayor riesgo.