Anualmente los actos de corrupción en México representan un costo de entre 8 y 10 por ciento del producto interno bruto, aseveró el dirigente nacional de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, quien agregó que a las empresas les representa el equivalente a 5 por ciento de sus ventas anuales.

A pesar del impacto social que tiene el fenómeno, en el Congreso no se muestra interés en convocar a un periodo extraordinario de sesiones para que queden conformadas las instituciones que son pieza fundamental en el combate eficaz a la corrupción, dijo.

Durante el Foro Anticorrupción, convocado por la organización empresarial, se dio a conocer que para la sociedad, ese fenómeno representa la mayor preocupación, sólo después de la inseguridad. En este contexto, Valeriano Suárez, vicepresidente de estado democrático y estado de derecho del organismo, demandó que la designación de los fiscales general de la República y anticorrupción se haga de forma transparente y de cara a la sociedad, asegurando que se les confiera la autonomía indispensable para que su desempeño sea eficaz.

Impunidad

A su vez, Julián Alfonso Olivas, magistrado de la sala superior del Tribunal Superior de Justicia Administrativa, subrayó que la corrupción siempre ha estado presente en México, pero ahora se ha visto agravada por la impunidad que se registra. Subrayó la importancia del Sistema Nacional Anticorrupción, como una fórmula para desarticular las redes que se han formado, especialmente en el plano estatal.

Por su parte, el gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza, dijo que anualmente el Inegi reporta la comisión de 4 millones de actos de corrupcióin que no sólo involucran a políticos y empresarios, por lo que subrayó que un tema central es consolidar una cultura de la legalidad, asumiendo que el andamiaje normativo para combatirla está en construcción. Subrayó que en su entidad ya se aprobó la reforma constitucional para crear el sistema estatal, se han designado funcionarios involucrados en su operación y sólo faltan algunas leyes secundarias.

De Hoyos señaló que en el plano estatal ha habido avances dispares, y lamentó que a dos meses de que venza el plazo para que estén conformados los sistemas estatales –28 de julio– haya tres entidades (Campeche, Chihuahua y Tabasco) donde no se ha hecho siquiera la reforma constitucional.